Este tribunal revela que las CCAA acumulaban en 2012 problemas de tesorería por más de 14.680 millones de euros
MADRID/MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un informe del Tribunal de Cuentas revela que Extremadura acumulaba al inicio de 2012 problemas de tesorería por más de 38 millones de euros, según ha recogido Europa Press.
El informe global del sector público autonómico en los ejercicios 2010 y 2011 elaborado por dicho tribunal indica que el remanente de tesorería obtenido por la Administración General ascendió, al cierre de 2010, a 366 millones de euros, produciéndose en 2011 un "intenso deterioro" del mismo del que resulta un importe final negativo de 38 millones.
"La consideración de las salvedades detectadas en la fiscalización y que han podido ser objeto de cuantificación, supondría un aumento del remanente de tesorería obtenido en 517 miles de euros en 2010 y 3.798 miles de euros en 2011", según recoge en dicho informe en el apartado correspondiente a la comunidad extremeña.
Como en ejercicios precedentes, el sistema contable "no permite discriminar" el remanente de tesorería afectado, ante la "ausencia de un sistema de gastos con financiación afectada" que permita cuantificar las correspondientes desviaciones.
TRECE COMUNIDADES EN NEGATIVO
El informe destaca además que las comunidades autónomas acumulaban al inicio de 2012 problemas de tesorería por más de 14.680 millones de euros que no eran suficientes para hacer frente a las deudas a corto plazo.
Así, los remanentes de tesorería de las autonomías eran negativos ambos años, por importes de más de 6.100 millones en 2010 y 14.600 millones en 2011.
En ambos ejercicios, un total de trece autonomías tenían remanentes de tesorería negativos, lo que indica que los recursos líquidos y los derechos de cobro liquidables a corto plazo "no son suficientes para hacer frente a las deudas a corto plazo". El Tribunal de Cuentas añade que esta situación financiera debe corregirse.
Las comunidades con remanentes de tesorería negativos en ambos ejercicios son Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Galicia, Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Melilla. Por su parte, en Castilla y León el remanente era negativo en 2010 y en Extremadura y Asturias en 2011. Las autonomías con importes positivos ambos años fueron Andalucía, Canarias, País Vasco y Melilla.
INCUMPLIMIENTO DEL DÉFICIT
El Tribunal de Cuentas también analiza el cumplimiento del déficit por parte de las comunidades y constata que, en 2010, su déficit global ascendió a 30.910 millones de euros, el 2,94 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Esto hace que no cumplieran con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido en el 2,4 por ciento.
En este ejercicio no cumplieron el objetivo de déficit once comunidades: Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra y Baleares. Pero además, apunta que la notificación realizada por el Estado en 2013 a la Unión Europea deduce un déficit para Extremadura del 2,58 por ciento en 2010, por lo que también incumpliría el objetivo previsto.
Las medidas para la reducción del déficit implicaron la reducción del gasto sanitario en 2011, cuando el 45 por ciento del gasto sanitario público fue originado por tres comunidades: Cataluña, Andalucía y Madrid. En relación a su población, en 2011 las autonomías con mayor gasto sanitario fueron País Vasco, Asturias y Navarra; mientras que las que registraron menor gasto en este sector fueron Andalucía, Baleares y Galicia.
En cuanto al endeudamiento, el Tribunal de Cuentas señala que aumentó casi 50.000 millones de euros entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011. Pasó de más de 70.700 millones a principios de 2010 a más de 97.600 al fin de ese año y casi 120.000 millones al término de 2011.
El órgano fiscalizador apunta que las todas las comunidades autónomas rindieron sus cuentas dentro de los plazos establecidos excepto Aragón en 2011 y Ceuta y Melilla en los dos ejercicios. Según señala, los principales retrasos e incumplimientos se presentan en los entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios.
