Un juzgado decreta el archivo de la querella del BNG contra el alcalde de Vilasantar (A Coruña)

Actualizado: viernes, 4 abril 2014 16:34

Cree que hubo cierta "inactividad" en relación a un expediente disciplinario a un técnico, pero no delito

A CORUÑA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Betanzos ha dictado un auto por el que decreta el sobreseimiento provisional de la causa seguida por presunta prevaricación contra el alcalde de Vilasantar, Fernando Pérez (PP), tras la querella interpuesta por el BNG, según informa el Ayuntamiento.

En la sentencia, la jueza justifica el sobreseimiento y el archivo al considerar que "no aparece justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa" .

El procedimiento judicial se incoó tras la querella presentada por el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego en el Ayuntamiento de Vilasantar contra el alcalde del municipio, Fernando Pérez, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

En concreto, el proceso tuvo su origen en unas actuaciones iniciadas por el BNG en 2010, cuando gobernaba el Ayuntamiento, en relación con conocimiento del pago de "una suma de dinero que el aparejador municipal le solicitó a una empresa en concepto de honorarios por dirección de obra", según explicó en su momento la exregidora, Manuela García. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

En diciembre de 2010, el secretario del Ayuntamiento dictó una propuesta de resolución en la que constaba, según el BNG, que el técnico denunciado "percibió de forma habitual un porcentaje sobre el total del importe de las obras en concepto de honorarios por dirección de obra, sin que constase ningún acto o acuerdo que autorizase esta actuación".

Una vez tramitado el expediente disciplinario,y cuando, según los nacionalistas, solo faltaba la "resolución definitiva", se produjo el cambio de gobierno. El BNG acusó, entonces, al alcalde de PP, de "provocar" la caducidad del expediente.

En su auto, contra el que cabe recurso, la juez entiende que hubo por parte del alcalde "cierta inactividad" en relación con la "toma de decisión" sobre el citado expediente. No obstante, cree que "no hay indicios suficientes de que tal inactividad sea constitutiva del delito de prevaricación", apunta.