Villares señala que Galicia fue la segunda comunidad en la que más horas de trabajo se perdieron en 2017 por culpa de conflictos laborales
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha culpado a la Xunta de la "alta conflictividad laboral" que atraviesa Galicia, como reflejan los datos de sendos informes del Ministerio de Trabajo y de la Subdelegación del Gobierno que sitúan a la Comunidad gallega como la segunda del Estado con mayor pérdida de horas de trabajo durante 2017 a causa de conflictos de índole laboral, solo por detrás de Cataluña.
En una comparecencia de prensa celebrada este lunes en el Pazo do Hórreo, Luís Villares ha centrado sus palabras en las movilizaciones que se registran estos días en Galicia, protagonizadas por los pensionistas, los trabajadores de Justicia en "la huelga más larga de la Administración pública gallega" y las protestas previstas esta semana por parte de los estudiantes, que han convocado paros para este jueves 19 de abril.
Así, ha señalado que para encontrar datos similares a los de 2017 en lo relativo a horas perdidas por conflictos laborales hay que remontarse a 2009, en "plena crisis" económica, situación que ha contrastado a la "fase alcista" que atraviesa España desde el pasado año.
"¿Por qué no vivimos mejor que en 2009?", se ha preguntado Villares, para a continuación, incidir en que "hay más dinero, pero está peor repartido" porque la crisis fue "una excusa" para "recortar derechos" y que, en estos momentos de mejora de las cifras económicas, "la gente no admite que les hayan robado".
De este modo, ha trasladado el apoyo de En Marea a las movilizaciones de pensionistas, funcionarios de justicia en huelga y de los estudiantes que realizarán paros para reclamar una educación "que se aparte la Lomce de Galicia", el fin de la "segregación por sexo" y la puesta en marcha de un sistema educativo que forme "para trabajar aquí, no para emigrar".
En cuanto a las protestas del colectivo de pensionistas, Villares ha insistido en que, para que el sistema público sea viable, debe aumentar, tanto en número como en calidad, las cotizaciones a la seguridad, algo que no se logrará, a su juicio, hasta que no se derogue la reforma laboral de 2013 aprobada por el PP.
