VIGO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado denunció hoy la apertura de un expediente por falta "muy grave" efectuada por la Dirección General de Tráfico (DGT) contra un funcionario de Pontevedra que se negó a cumplir una orden que consideraba ilegal basándose en una sentencia judicial.
Según explicó el presidente de este organismo, Tomás Acuña, la sanción se produce porque el trabajador afectado, Rodrigo Vázquez, se limitó a "hacer bien su trabajo" y se opuso a hacerlo "en condiciones de ilegalidad".
El propio funcionario, que ejercía como examinador de conductores, reconoció su desobediencia a una directriz de la Jefatura Provincial de Tráfico que permitía no respetar ciertas señales de tráfico erróneas en beneficio de la fluidez de la circulación, y que fue formulada a raíz de la diferencia de criterios que existía entre los propios evaluadores.
Vázquez reveló que esta disparidad llegaba al punto de que algunos examinadores suspendían por saltarse un semáforo en rojo en un determinado cruce y otros mantenían que el mismo semáforo "debía pasarse en rojo" porque su señalización era incorrecta.
Sin embargo, este trabajador expedientado alegó que el mandato de su superior vulneraba "flagrantemente" el artículo 132 del Código de Circulación, que obliga a seguir las señales de tráfico "aunque incluso vayan en contra de la normativa" y supongan una multa al conductor. Además, citó la sentencia de un Tribunal Superior de Justicia que así lo ratifica y alerta de que "lo contrario sería derrumbar la regulación de tráfico".
A pesar de todo, Vázquez recibió el pasado mes de noviembre la notificación de su expediente, que le puede acarrear una suspensión de su cargo durante tres años por "desobediencia abierta". Incluso aseguró que la Jefatura Central de la DGT le dio la razón por escrito a su alegación, lo cual no ha evitado que los instructores del caso le hayan sancionado por incumplir órdenes.
Por último, este funcionario asumió las dificultades que tienen los diferentes titulares de las vías para cambiar la señalización errónea, sobre todo si ésta perjudica a la fluidez del tránsito de vehículos.
