Los lusos concentraron el 44% de los siniestros mortales durante desplazamientos al trabajo en el sector de la construcción en 2007
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Casi 11.000 ciudadanos portugueses trabajan en Galicia de forma reglada, en torno a 7.800 en las grandes obras de infraestructuras, pero las autoridades laborales reconocen que existe una bolsa indeterminada de mano de obra que viene a la comunidad sin que se haya producido la obligada comunicación sobre desplazamientos de trabajadores transfronterizos.
Es el caso de muchos trabajadores que acuden cada día desde Portugal a sus puestos en alguna obra de Galicia o que lo hacen de forma semanal, pero que al cotizar por la Seguridad Social lusa, provoca que no exista una estadística fidedigna de cuántos están desplazados realmente. Por ello, entre otras medidas, la Consellería de Traballo va a proponer que dentro del plan de inspección conjunta con Portugal, la Guardia Civil de Tráfico colabore para controlar los desplazamientos transfronterizos de trabajadores.
"El derecho del trabajador a ir y volver es un derecho individual que no queremos cercenar, pero queremos que se haga en las condiciones adecuadas", aseveró a Europa Press el conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, para explicar la necesidad de controlar las rutas donde se produce el movimiento transfronterizo de mano de obra y garantizar que el transporte cumple con las autorizaciones específicas. Además, la Xunta va a requerir a Portugal que incremente sus propios controles para comunicar a las autoridades gallegas de forma más precisa cuántos ciudadanos vienen a desempeñar su puesto de trabajo a la comunidad gallega.
De las 33 personas que fallecieron el año pasado en el sector de la construcción, cinco fueron operarios portugueses, lo que representa que este colectivo concentró el 15,15% de los siniestros mortales. No obstante, cuatro de estas cinco víctimas mortales fallecieron en accidentes de tráfico durante desplazamientos a sus puestos de trabajo, de forma que los trabajadores lusos representaron el 44,44% del total de muertes 'in itinere' en la construcción gallega.
Al respecto, la directora xeral de Relacións Laborais, Pilar Cancela, detalló que se trataría de controlar las rutas de "las furgonetas repletas de trabajadores que se producen en periodos punta" por las mañanas en determinados pasos fronterizos. Según indicó, existe "un problema de identificación" de los trabajadores portugueses que realmente operan en el sector de la construcción gallego, por lo que defendió la necesidad de un sistema de interlocución entre ambas administraciones "para detectar exactamente cuál es la realidad" y conseguir "la coordinación de las dos inspecciones de trabajo".
Este será precisamente uno de los objetivos centrales de la reunión que el próximo martes mantendrán en el municipio ourensano de Leiro las autoridades laborales portuguesas y las gallegas para diseñar herramientas que garanticen la seguridad legal y física de las personas desplazadas, de forma que se arbitrarán protocolos de inspección conjuntos y se decidirán canales de intercambio de información entre ambas inspecciones.
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN.
Las organizaciones sindicales alertan de que los trabajadores portugueses sufren una situación de "discriminación" respecto a los gallegos y por ejemplo, la CIG denuncia "incumplimientos laborales" respecto a estos trabajadores en cuanto a las condiciones salariales, su jornadas laboral y su tiempo de vacaciones, las condiciones de seguridad y salud laboral e incluso pide atención sobre casos de empleo irregular y economía sumergida.
No obstante, las autoridades laborales reconocen que se encuentran con el problema de que "no existen denuncias formales" al respecto y hasta el momento, las actas que se han levantado han sido a instancias de la propia Administración. "Hay nueve actas en cuanto a programaciones de jornadas, pero no hay ninguna denuncia y ni siquiera tenemos el reconocimiento de ningún trabajador", sostiene el conselleiro de Traballo, quien subraya el hecho de que los propios operarios, cuando son preguntados, "manifiestan su satisfacción por su situación laboral".
En este sentido, la responsable de Relacións Laborais interpreta que, "cuando el trabajador se encuentra en una situación de debilidad, es comprensible que no se atreva a denunciar porque quiere mantener su puesto de trabajo" y en este sentido, subraya la importancia de las organizaciones sindicales porque "son las que están a pie de obra". "Es un cóctel molotov complicado que genera muchísimas situaciones absolutamente injustas y nos hemos dado cuenta de que llegó el momento de actuar de manera contundente para proteger a la parte más débil", aseveró.
Por ello, la Consellería de Traballo anuncia "una actuación ejemplarizante" y que el plan de inspecciones conjuntas entre Galicia y Portugal va a decidir "sanciones contundentes" si se detectan irregularidades. En este sentido, se mantendrá el actual marco legal, que estipula sanciones de hasta 500.000 euros para las infracciones más graves, pero se va a intensificar el programa de inspecciones, con "más actuaciones y más constantes en el tiempo" para reforzar el plan que desde hace año y medio ya controla las grandes obras de infraestructuras de Galicia.
Traballo no descarta incluso reforzar con algún grupo especializado más el programa de inspección y respecto a las unidades de Policía Judicial contra la siniestralidad laboral que se han constituido en las cuatro provincias gallegas, técnicos especializados del Instituto de Seguridad y Salud Laboral proporcionarán a los agentes la formación laboral para preservar una actuación conjunta que permita actuar "de inmediato" si se detecta que puede haber un indicio penal.
SINIESTRALIDAD LABORAL.
En cualquier caso, el conselleiro de Traballo puntualiza que los problemas están en las condiciones de trabajo y en las retribuciones y descarta la existencia de trabajadores de la construcción sin asegurar porque "la responsabilidad directa sobre las subcontratas recae sobre las empresas principales". Además, destaca que la evolución de la siniestralidad laboral es "positiva en su conjunto", ya que los siniestros mortales se redujeron en Galicia el año pasado en un 7% y los de carácter grave en un 25%.
La presencia de trabajadores portugueses en Galicia se ha incrementado en los últimos tiempos debido a la crisis económica del país vecino y a la realización de grandes obras de construcción en la comunidad gallega, pero las organizaciones sindicales advierten de que la desaceleración que sufre el sector de la construcción podría abocar a las empresas a buscar mano de obra más barata y al aumento de la economía irregular.
Para atajar esta situación, en la reunión del próximo martes en Leiro, que es la continuación de una celebrada el año pasado en Baiona, las autoridades laborales gallegas y portuguesas elaborarán un plan de inspección conjunto que concrete el número de visitas que ambos equipos realizarán y las empresas que se controlarán para actuar "de manera inmediata" porque se prevé un repunte de la actividad de la construcción con la llegada del verano. Además, se intensificará el control sobre la aplicación de los convenios colectivos para erradicar posibles prácticas discriminatorias en cuanto a las condiciones salariales, las jornadas de descanso o las condiciones de seguridad y salud laboral.
Sobre este encuentro, Ricardo Varela hace hincapié en su importancia porque "los flujos de trabajadores entre Galicia y Portugal cada vez van a ser más intensos" y es imprescindible que las autoridades laborales dispongan de un método de coordinación para el segumiento de estos movimientos y las condiciones laborales de los trabajadores.
