El dispositivo de control comprueba que las empresas realizan "de manera correcta" las actividades autorizadas y no cometen ilegalidades
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Policía Autonómica ha efectuado, hasta el pasado 30 de junio, 278 denuncias tras inspeccionar el control de residuos de aceites vegetales en 682 establecimientos.
Así, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, colaboradora con el cuerpo de seguridad en esta campaña, ha explicado, a través de un comunicado, que los controles tenían el objetivo de comprobar que las empresas realizan "de manera correcta" las actividades autorizadas, al mismo tiempo que no desempeñaban otras sin permiso.
En concreto, los lugares inspeccionados son comedores y centros de restauración de Galicia, tanto privados como públicos, entre los cuales se encuentran centros de la tercera edad y comedores educativos o colectivos, además de otros establecimientos.
Además de las inspecciones, la Unidad de Policía Adscrita (UPA) ha desarrollado investigaciones policiales sobre empresas y particulares sospechosos de realizar operaciones ilegales con este tipo de residuos y aceites, después de "ser denunciados por otras entidades del sector".
RESULTADOS DEL DISPOSITIVO
Como resultado del dispositivo, la Policía Autonómica ha realizado 164 inspecciones en Lugo, 140 en Ourense, 139 en A Coruña, 110 en Santiago, 76 en Vigo y 53 en Pontevedra, según ha comunicado la Xunta.
En cuanto a las denuncias efectuadas, la sede con más trámites es Lugo, con 103; seguida de Santiago, con 78; A Coruña, con 72; Ourense, con 10; Vigo, con nueve; y Pontevedra, con seis.
En este sentido, Medio Ambiente ha informado de que la Secretaría Xeral de Calidade está tramitando "diez expedientes sancionadores" relacionados con la gestión de aceites vegetales.
De estos expedientes, siete pertenecen a la provincia de A Coruña por ejercicio de actividades de valorización sin autorización y obstrucción a la inspección; dos son en la provincia de Lugo, también por valorización sin permiso; y por último, uno en Pontevedra por almacenamiento sin autorización.
Estos informes, calificados como "graves" por la comisión de infracciones, pueden llevar a la imposición de multas --que oscilan entre los 900 y los 45.000 euros--, a la inhabilitación para desarrollar actividades relacionadas con residuos o a la suspensión, de hasta un año, de la autorización incumplida.
Por otra parte, la Xunta ha recordado que, aunque la campaña de inspección citada haya terminado, el personal de investigación medioambiental de la UPA "continúa con las gestiones e inspecciones" sobre el sector, con el objetivo de velar "por el estricto cumplimiento" de la normativa.
