La oposición lo abandonó dos horas después de aprobar PSOE y PP la elaboración de un código ético para cargos electos y trabajadores
OURENSE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Policía local de Ourense entró este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento por la desobediencia de una edil tras ser expulsada por el alcalde, lo que motivó el abandono de la sala por parte de todos los concejales de la oposición en los minutos finales del último debate previsto, en torno a los sistemas de contratación municipal.
Tras el intercambio de opiniones y declaraciones durante toda la semana sobre códigos éticos, dimisión o no de imputados y reunión o no para moción de censura, el pleno discurrió durante cinco horas de debate en debate, en el marco del cual el portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, recibió elogios del regidor, Agustín Fernández, por su tono "más sosegado", y se lo agradeció.
El último debate se centró en una propuesta de Democracia Ourensana para la creación de una junta de contratación y en las intervenciones. En el debate PSOE, DO y PP se intercambiaron reproches y acusaciones por posibles contrataciones irregulares, tanto de trabajadores laborales que antes fueron contratados como asistencias técnicas, como de empresas abastecedoras de material musical, como la que es propiedad del portavoz de DO Gonzalo Pérez Jácome.
De hecho, Jácome llegó a prometer que cuando "llegue a alcalde en 2015" ahorrará dinero a los ciudadanos y pidió al actual regidor que él intente hacerlo antes, mientras que la edil de Urbanismo y teniente de alcalde, Áurea Soto, lo acusó de "desfachatez" y le dijo que uno de sus trabajos en los próximos meses "será luchar para que no llegue a alcalde", aunque no descartó que pueda ocurrir, "visto lo visto", remató Soto.
DO PROMETE ERE
El portavoz del PP recordó a Jácome que su propuesta de crear una junta de contratación es "extemporánea" y expresó su confianza total en los funcionarios en esos procesos "frente a la desconfianza de Jácome, que ya anunció que como alcalde hará un ERE del 50 por ciento de los trabajadores y que con siete concejales podrá gestionar este Ayuntamiento", según dijo.
En el último turno, Áurea Soto aludió a Susana Gómez de DO y a otros 18 trabajadores municipales como ella, contratados como asistencias técnicas y convertidos en trabajadores laborales tras una inspección de Trabajo en el año 2001, y entregó dos folios con los nombres tachados de todos, excepto el de la edil.
Al mismo tiempo, Susana Gómez hizo llegar a los periodistas su expediente laboral en el Ayuntamiento de Ourense, en el que aparecen los mismos 18 trabajadores que, con ella, fueron inspeccionados, pero con los nombres visibles de todos.
Ahí se terminó el debate y, prácticamente el pleno, pues antes de la intervención final del alcalde, Gómez pidió hablar por alusiones y, tras terminar su tiempo, fue advertida por el regidor de que estaba fuera de su turno de palabra y que incurría por ello, en una falta de orden, seguido de las protestas y negativa a callar de ella.
Por ello, la expulsión y negativa a salir fueron los detonantes para la entrada de dos agentes policiales que explicaron a Susana Gómez que incurrió en delito de desobediencia a la autoridad y tomaron nota de los datos de su DNI, que detalló porque no lo llevaba encima.
ONCE DEL PSOE
La entrada del primer agente policial impulsó a los ediles del BNG a salir del salón de plenos por la "vergüenza" y "ataque a la democracia" que supone esa entrada policial, según ha dicho la edil nacionalista Ximena González.
Tras la identificación de Susana Gómez, DO y PP abandonaron también el salón de plenos y los once ediles del PSOE dieron entrada a una representante de la asociación de venezolanos en Ourense, que en las últimas semanas protagonizaron manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro, y este viernes buscaban la solidaridad y apoyo municipales.
El alcalde levantó la sesión y en la planta superior, en el espacio destinado al público, los extenientes de alcalde del anterior gobierno bipartito PSOE-BNG se quedaron sin poder asistir al debate de una moción de urgencia, que preveía, a propuesta socialista, la petición expresa de disculpas de toda la Corporación Municipal, por "la sucesión de acontecimientos que terminaron con la dimisión de ambos de sus cargos", en alusión a su absolución por el tema de los paneles denunciado por el PP en el juzgado en 2009.
CÓDIGO ÉTICO
Un par de horas antes, PSOE y PP se pusieron de acuerdo en aprobar la propuesta del PP para crear un grupo de trabajo que elabore un código ético y de conducta para cargos electos y del personal al servicio de la administración local, que contó con la abstención de DO y BNG.
Los nacionalistas anunciaron que irían a la primera reunión y nada más "hasta que haya una dimisión de ediles imputados", tal como mantuvieron en el mismo proceso en la Diputación, donde la propuesta fue del presidente del PP y de la institución, Manuel Baltar.
Antes de esta votación, el alcalde ourensano, Agustín Fernández, hizo uso de su turno de palabra para plantear puntos de debate para el futuro grupo de trabajo y se preguntó en voz alta "¿cual será la reparación si una denuncia judicial se archiva o queda absuelto el denunciado?". Propuso que, en casos así, dimita el denunciante, en alusión al proceso de los paneles, en el que los seis acusados por el PP fueron absueltos por el Tribunal Supremo.
En ese momento, la edil del BNG Ximena González, fuera de su turno de palabra, discrepó con el alcalde en voz alta "porque no es tan grave tener que dejar una institución, ni se pierde nada por ir para casa", en alusión a los extenientes alcaldes del BNG que dimitieron nada más ser imputados en 2009, Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata, que más tarde ocuparon dos sillas en el espacio del público, para asistir al debate de la prevista moción de urgencia al final del pleno, y que no ocurrió.
"DEMENCIAL, DELEZNABLE Y SUCIO"
En un comunicado emitido tras la celebración del pleno, el PP municipal calificó de "demencial y gravísimo" lo ocurrido durante la sesión mensual, y ve "deleznable y sucio ataque" que una concejal -Áurea Soto- "ataque a otra utilizando cuestiones estrictamente personales, haciéndose valer de su cargo para distribuir esa información públicamente", en referencia a los dos folios de la inspección laboral de 2001 que detallan los 19 trabajadores afectados, entre ellos la edil Susana Gómez, único nombre visible entre los demás, tachados.
Por su parte, en otro comunicado enviado tras la sesión, el BNG ve "inaceptable" que se recurra a datos "personales" de concejales, como "herramienta de ataque a las posiciones políticas".
