SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El director xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, ha advertido este jueves de que si se establece un impuesto al diésel, como mencionó esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "Galicia volvería a ser perjudicada".
Durante su intervención en Comisión parlamentaria para responder a una pregunta de la diputada nacionalista Noa Presas sobre el precio de los carburantes en Galicia, Tahoces ha recordado que en la comunidad, el 85% de los carburantes que se consumen son diésel, frente al 82 por ciento estatal.
Con ello, ha destacado que este supuesto impuesto tendría más incidencia en Galicia, que, a su vez, ya registra de los carburantes más caros del Estado. Además, "impactaría directamente en la industria de la automoción", ya que el 62 por ciento del valor que se genera en esta industria "es consecuencia de vehículos diésel".
No obstante, el director xeral ha sacado a colación los precios de los carburantes antes de impuestos para explicar que la "presión fiscal" sobre los mismos "no determina" los elevados precios en Galicia, dado que los carburantes ya son de los más caros de España en la Comunidad antes de impuestos.
A título explicativo, y después de garantizar que la Xunta "siempre hará una política rigurosa" en esta materia buscando el interés de los gallegos, Tahoces ha recordado que los carburantes en España están sujetos a dos impuestos, el IVA y el impuesto sobre hidrocarburos, que se divide actualmente entres tramos, dos nacionales y uno autonómico.
No obstante, ha recordado, a partir del 1 de enero de 2019, el tramo autonómico en su tipo más alto se integrará en el de ámbito estatal con el objetivo de que "en todas las comunidades exista el mismo tipo impositivo".
ESPECIFICIDAD DEL SECTOR FORESTAL
En la Comisión de Industria ha comparecido también el director de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Ignacio Lema Piñeiro, que ha defendido la necesidad de este organismo dada la "especificidad de este sector" y su dimensión económica en Galicia.
En respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista Abel Losada, Lema Piñeiro ha recordado que esta agencia nace inmersa en un "cambio de valores" de la sociedad en favor de "una economía verde y circular" y fomentando la participación en sus misiones de todos los órganos implicados de algún modo en el sector.
El Plan de Actuación inicial destinó este año a la entidad cerca de 10 millones de euros para la puesta en marcha de su soporte organizativo y acciones estratégicas de formación, innovación y modernización tecnológica.
En concreto, ha mencionado la convocatoria de ayudas para la renovación tecnológica de la industria forestal, que, apoyada por fondos Feder, ha supuesto la movilización de 27,5 millones de euros con una subvención de 8,2 millones. Del mismo modo, ha destacado el más de un millón de euros disponible para ayudas a la valorización de pymes forestales y la inversión para procesos productivos de segunda transformación, en plazo de presentación de solicitudes.
Finalmente, en el ámbito de la investigación, el responsable de Xera ha mencionado el convenio con la Catedral de Santiago para actuaciones de recuperación y conservación del patrimonio de madera de la basílica compostelana.
USO DE PABELLONES FRENTE A ALBERGUES
La Xunta de Galicia ha iniciado los trámites para investigar una denuncia por el posible uso no justificado de un pabellón municipal para alojar peregrinos del Camino de Santiago.
Así lo ha explicado este jueves el responsable del Xacobeo, Rafael Sánchez, que ha comparecido en el Parlamento para responder a una pregunta formulada por el diputado socialista José Manuel Pérez Seco, que le interrogaba sobre los albergues del Camino Francés y la existencia de "competencia desleal" por parte de municipios que habilitan instalaciones municipales para albergar peregrinos.
En su respuesta, Rafael Sánchez ha destacado que la red pública de albergues de Galicia tiene en el Camino Francés 22 establecimientos, que suponen una oferta suficiente excepto en fechas puntuales.
Es en estos casos en los que pueden habilitarse para el alojamiento de peregrinos polideportivos u otro tipo de locales municipales que, no obstante, están fuera de la legislación turística del Gobierno gallego y sobre los que la Xunta "no lleva un control".
Esta habilitación "debe ser en situaciones excepcionales" o, de lo contrario, podrían considerarse "intrusismo profesional" y suponer una sanción. La Xunta está analizando en estos momentos una denuncia en este sentido, aunque Sánchez ha rechazado desvelar el nombre del ayuntamiento hasta que el caso "esté cerrado".
