SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Xunta interpondrá ante el Tribunal Constitucional (TC) un nuevo conflicto competencial porque cree que el Gobierno central invade atribuciones que son de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar con la orden que regula las subvenciones para servicios sociales.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Vicepresidencia, mañana el Ejecutivo gallego aprobará en su reunión semanal interponer este conflicto positivo de competencias contra la orden aprobada el pasado mes de febrero por el Gobierno central, que establece las bases que regulan la concesión de subvenciones por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales.
Este es el sexto conflicto competencial que el Alto Tribunal deberá resolver entre el bipartito y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que la Xunta también ha llevado ante el Constitucional por invasión de competencias los parques eólicos marinos, la atribución del Estado de los recursos del IRPF destinados a fines de interés social y se mantiene sin resolver el de los fondos de formación continua, mientras que también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley del sector eléctrico. Por su parte, el Ejecutivo central tiene recurrida la Ley de Derecho Civil de Galicia.
En declaraciones a Europa Press, el secretario xeral de Relacións Institucionais, Xoán Antón Pérez Lema, atribuyó este grado de conflictividad entre administraciones a que existe "una tendencia recentralizadora" por parte del Gobierno central, al que acusó de "desconocer la existencia del Estado de las Autonomías y el marco competencial autonómico". Asimismo, recordó que las competencias en materia social están atribuidas de forma exclusiva a Galicia por el Estatuto de 1981.
La Xunta ya había acordado el pasado 17 de abril formular al Ejecutivo estatal un requerimiento de incompetencia, pero éste no varió su postura respecto a la orden que regula las condiciones y el procedimiento para conceder las subvenciones y atribuye al Ministerio la gestión, la concesión y el pago de las ayudas de servicios sociales.
ORDEN GENÉRICA.
Vicepresidencia argumenta que la orden es tan genérica que a través de ella se podrían subvencionar tanto programas estatales como de ámbito territorial no estatal. De hecho, subraya que, de las tres resoluciones de convocatoria de ayudas ya publicadas, sólo en una de marzo se exige la implantación estatal de la entidad para poder ser beneficiario.
Para el departamento de Anxo Quintana, es "abusivo" invocar la necesidad de garantizar la igualdad de todos los españoles recogida en la Constitución para atribuir en exclusiva al Estado el procedimiento para obtener subvenciones en materia social. Al respecto, subraya que existen "varias sentencias" del Constitucional que así lo estipulan y descartan apelar al interés general para atribuir competencias al Estado.
A juicio de Vicepresidencia, el Estado tendría que limitarse a especificar el destino y las condiciones genéricas para otorgar subvenciones y dejar a las comunidades autónomas el desarrollo del destino de las ayudas, así como su tramitación.
