MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso incluye este jueves una modificación puntual del régimen de subvenciones al transporte regular de pasajeros residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, para reforzar los controles de estas ayudas y facilitar la acreditación de la residencia y también la comprobación por parte de las administraciones competentes.
Esta medida está incluida en el decreto ley de Reforma en materia de infraestructuras y transporte y otras medidas económicas, que incluye iniciativas como crear la Agencia de Seguridad Ferroviaria, prorrogar el Plan PIVE para la compra de vehículos o limitar los salarios de los cargos electos en los ayuntamientos.
El texto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de enero, ya está en vigor pero aún debe ser convalidado por la Cámara Baja, cosa que está asegurada gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PP.
Se trata de un decreto ley multidisciplinar, que incluye modificaciones que afecta sobre todo al Ministerio de Fomento pero que también recoge previsiones relativas a los departamentos de Hacienda, Industria y Empleo.
SECTOR AÉREO Y FERROVIARIO
Así, se modifican el nombre y las competencias de la actual Agencia Estatal de Seguridad del Transporte Terrestre, que pasará a llamarse Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, de modo que se garantice su independencia y se evite así el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea (CE) contra España por no ajustar la legislación nacional a las directivas comunitarias.
Además, "en un entorno próximo de liberalización del transporte ferroviario de pasajeros", el decreto también pretende clarificar qué aspectos forman parte de la seguridad ferroviaria, y encarga a la nueva Agencia velar por el mantenimiento de la seguridad sobre la red ferroviaria estatal, expedir licencias de operación y certificados y autorizaciones de seguridad, supervisar su cumplimiento por parte de todos los agentes del sistema ferroviario, proponer y desarrollar el marco normativo de seguridad, y organizar y gestionar el Registro Especial de Empresas Ferroviarias.
También podrá llevar a cabo todas las inspecciones e investigaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, para lo cual tendrá acceso a todos los documentos, locales, instalaciones y equipos de los administradores de la infraestructura y de las empresas ferroviarias. Además, mantendrá un intercambio activo de conocimientos y experiencias con las autoridades responsables de seguridad de los demás países de la Unión Europea.
Por otra parte, se modifica la Ley de Seguridad Aérea para regular la prestación patrimonial pública que los aeropuertos de Aena y las aerolíneas que operan desde ellos deberán abonar al nuevo Coordinador y Facilitador de 'slots', es decir, de las franjas horarias de aterrizaje y despegue.
Según los cálculos del Gobierno, este Coordinador costará unos 2,5 millones de euros cada año, una cantidad que financiarán casi a la mitad las aerolíneas (995.896 euros) y los aeropuertos de la red de Aena (1,15 millones).
También en este caso se intenta 'in extremis' frenar la sanción que el Ejecutivo comunitario tiene abierto contra España por no garantizar la independencia funcional del Coordinador. Además, el decreto incluye un anexo con el listado de aeropuertos que conforman la misma área de captación de destino con el fin de que se les puedan aplicar los nuevos incentivos por aumento de tráficos.
SALVAMENTO MARÍTIMO
Por otra parte, el Gobierno modifica la actual tasa de ayudas a la navegación, ampliando la definición del 'servicio de señalización marítima' para incluir nuevos conceptos a sufragar por los propios usuarios de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), de modo que este organismo disponga de una financiación "más eficiente".
Con la vista puesta en lograr una mejor gestión de los fondos públicos, también se ha decidido modificar la Ley de Construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión y la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar que los incumplimientos de las concesionarias a la hora de pagar los justiprecios por las expropiaciones no acabe perjudicando a las arcas públicas.
Así, tanto en las concesiones de autopistas (incluyendo las ya existentes) como en el resto de concesiones administrativas el Gobierno podrá minorar lo que tenga que pagar al expropiado del importe de la responsabilidad patrimonial de la sociedad concesionaria, de modo que la Administración no acabe pagando dos veces por la expropiación.
Asimismo, el decreto autoriza al Ministerio de Industria a prorrogar por cuarta vez el programa PIVE, con una dotación extraordinaria de 175 millones de euros, para evitar el "efecto negativo" que la suspensión de esta línea de ayudas tendría en el mercado del automóvil.
CAMBIOS FISCALES
Por otra parte, el decreto ley modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para reducir del 21% al 10% el tipo imponible a los "objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, así como de las entregas y adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando dicha entrega sea efectuada por sus autores o derechohabientes y empresarios no revendedores con derecho a deducción íntegra del impuesto".
También cambia la Ley del Impuesto de Sociedades para equiparar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta que se le aplica con el que está previsto para el IRPF este año (21%). Del mismo modo, el texto incluye cambios en las cotizaciones a la Seguridad Social, como reducir un 1% el tipo de cotización por desempleo de los contratos temporales a tiempo parcial y para "aproximar" el tratamiento de los trabajadores autónomos que en 2013 tuvieron contratados a diez o más trabajadores del régimen general.
