Cs Palma cree que "nada impide" exigir "responsabilidades políticas" a García por la sanción del Tribunal de Cuentas

El regidor de Hacienda, Adrián García, en una imagen de archivo
AYTO. DE PALMA
Actualizado: miércoles, 27 junio 2018 13:24

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma exigirá en el pleno de este jueves la dimisión del regidor de Hacienda, Adrián García, por la sanción del Tribunal de Cuentas, ya que entiende que aunque los hechos hayan prescrito y se haya "librado de la multa económica", "nada impide que se puedan exigir responsabilidades políticas".

En el pleno también instarán a la dimisión del gerente del IME, José María González, tras la multa impuesta de 28.000 euros por el Tribunal de Cuentas al actual gerente del IME por un exceso de facturación en los fondos públicos municipales en la compra de material, según ha explicado Cs en una nota de prensa.

Desde Cs han recordado que el expediente del Tribunal de cuentas atribuye al regidor de Hacienda un exceso de facturación en los fondos públicos municipales por horarios facturados, cobrados y no realizados, durante su época como gerente del Instituto Municipal de Deportes (IME).

"El Tribunal de Cuentas ha puesto de relieve, mediante un informe pericial, que durante su gestión como gerente del IME pudo haber pagado 97.924 euros por horas, presuntamente incumplidas, aunque facturadas", ha denunciado el regidor de Cs Palma, Pedro Ribas.

Por otro lado, el grupo municipal de Cs Palma también ha instado al Ayuntamiento a nombrar con urgencia un delegado de protección de datos como estipula el reglamento del Parlamento Europeo, por el que fue sancionado el SMAP a raíz de las declaraciones del regidor de Movilidad, Joan Ferrer, sobre la oposición.

"El puesto exige una persona independiente, por lo que no puede recibir órdenes en lo que respecta al desempeño de sus funciones, ni ser destituido por el encargado del tratamiento de datos de carácter personal", ha avisado Ribas, quien ha alertado de que "es urgente nombrar a un delegado para evitar una sanción económica que, como estipula el reglamento, puede ascender hasta los diez millones de euros".