Recriminan que el Ayuntamiento 'calvianer' ha dado impulso a una nueva estrategia "delictiva" con esta contratación
PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La acusación popular en el caso que investiga el presunto desvío de 1,4 millones de euros públicos en la gestión de Ràdio Calvià, en el que está querellado el exconseller de Turismo del Govern y exalcalde del municipio, Carlos Delgado, ha ampliado la querella que dio inicio a la causa al comprobar que el Ayuntamiento 'calvianer' ha dado impulso a una nueva estrategia "delictiva" mediante la licitación, sin publicidad ni mesa de contratación, de un contrato por valor de 48.400 euros.
En su ampliación de querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, la representación procesal del Grupo Municipal Socialista de Calvià, querellante en este proceso, apunta cómo en la página web del Consistorio aparecen publicadas las bases de licitación de un expediente para la realización de informativos y entretenimiento en la emisora municipal, con un importe máximo de 40.000 euros más IVA por anualidad, siendo el límite total del contrato de 48.400 euros y posibilidad de prórroga por seis meses -60.000 euros en total más IVA-.
El letrado que representa a la formación, Pablo Alonso de Caso, denuncia en su escrito que el contrato haya sido licitado bajo la modalidad de negociado sin publicidad y sin mesa de contratación, lo que "garantiza a los querellados más discrecionalidad en su concesión y opacidad en quienes quieren concursar".
En concreto, en el marco de esta causa se encuentran querellados, además de Delgado, el actual alcalde de Calvià, Manuel Onieva; la exresponsable de comunicación en el Ayuntamiento, María José Merino; la periodista Antonia Pastrana y el último adjudicatario del servicio de la emisora local, Fernando López Hinojosa, a raíz de su presunta concertación en la adjudicación presuntamente ilícita de contrataciones para explotar Ràdio Calvià.
Tal y como pone de manifiesto el abogado, quien ya solicitó la imputación de Delgado por su implicación en esta "orquesta criminal", tanto Pastrana como Onieva "han cambiado de estrategia y ahora han optado [desde el Ayuntamiento] por fraccionar aún más los contratos", licitando ahora la programación de los informativos y programas de entretenimiento "cuando la programación de Ràdio Calvià se ha venido desempeñando con normalidad hasta la fecha".
Es por ello que, denuncia, resulta "plenamente injustificada su licitación y fraccionamiento independiente" y ya hay un adjudicatario "que con sus propios medios ya cumple esas labores que se pretenden licitar".
En esta línea, el letrado asevera que esta licitación supone "la plasmación de la continuidad delictiva" reflejada en una sentencia dictada en octubre de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, y que ya declaró nulo el decreto de Alcaldía por el que, el 26 de agosto de 2009, se adjudicaba a Pastrana el 'servicio para llevar a cabo la realización de los trabajos de producción y realización de la programación de Radio Calvià y la explotación de la publicidad en la emisora', por haberse tramitado "al margen de la legalidad".
En concreto, el servicio objeto de la sentencia fue adjudicado por un total de 80.000 euros (68.965 más 11.034 de IVA) y, según el PSIB, se trata de una conducta que vuelven a poner en práctica mediante el fraccionamiento, "de forma artificiosa y delictiva", de un servicio público que "de por sí no precisaba ni requería de ese fraccionamiento.
A mayor abundamiento, el abogado recalca cómo el precio de los contratos "se fija al capricho y voluntad de cada querellado que ha intervenido en la tramitación de los diversos contratos, pues los expedientes ya investigados como el actual barajan precios de adjudicación totalmente irracionales y sin el menor documento que acredite la adecuación al precio del mercado del servicio que se licita".
Es por ello que, tal y como pone de manifiesto en su nuevo escrito, "la búsqueda deliberada del vaciado de contenido de los contratos más la licitación innecesaria de contratos, junto al fraccionamiento ilegal de éstos, amén del procedimiento de adjudicación escogido, es al fin y al cabo una reiteración del comportamiento delictivo que los querellados hasta la fecha han venido efectuando".
PIDEN LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
El abogado solicita asimismo en su ampliación de querella que, habida cuenta de que aún no se ha producido un daño material al Ayuntamiento y en aras a evitar "daños de difícil reparación", se suspenda de forma cautelar el expediente de contratación y, en caso de estar licitado y adjudicado, que los querellados presten fianza solidaria por el importe tramitado.
La jueza instructora de la causa ya apuntó en uno de los autos dictados en el marco de esta causa a un fraccionamiento de los contratos para que fueran adjudicados de forma directa así como a su falta de justificación, motivo por el que incoó diligencias contra Delgado y el resto de querellados.
En su resolución judicial, la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, aludía a la existencia de "sospechas racionales" de que en la preparación y desarrollo de los contratos "se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito", aseverando que los hechos revisten características "que permiten suponer" la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
