Critica además una ley que otorga inmunidad ante cualquier delito a las fuerzas de seguridad egipcias
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha criticado duramente las 75 condenas a muerte impuestas este sábado por un tribunal egipcio por los incidentes violentos ocurridos durante el desmantelamiento en 2013 de las acampadas en El Cairo contra el derrocamiento del entonces presidente Mohamed Mursi. Bachelet ha pedido la anulación de las condenas por no ser un juicio "justo".
"El desprecio evidente a los derechos fundamentales de los acusados hace cuestionarse seriamente la condena dictada contra los acusados. En particular, las 75 condenas a muerte dictadas ayer si se aplican constituirían un error absoluto e irreversible de la justicia", ha afirmado Bachelet en un comunicado.
"Espero que el Tribunal de Apelaciones egipcio revise este veredicto y garantice el respeto a los estándares internacionales de justicia suspendiéndolo", ha añadido.
Bachelet se ha referido además al claro contraste entre los procesos judiciales en masa como este --con 739 acusados-- y una reciente ley que en la práctica supone que las fuerzas de seguridad tengan inmunidad absoluta ante los posibles crímenes que cometan.
Las condenas a muerte se dictaron originalmente en julio en un proceso en el que "los 739 fueron juzgados en masa y no se les permitió tener una representación legal individual". "Además los acusados no pudieron presentar pruebas en su defensa y la Fiscalía no aportó pruebas suficientes para demostrar una incriminación individual", ha argumentado Bachelet.
En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio ha rechazado la postura de Bachelet y ha señalado que están influidas por "las mentiras de la organización terrorista Hermanos Musulmanes".
739 PROCESADOS EN MASA
Los más de 730 procesados en el juicio están acusados de participar en la acampada en la plaza cairota de Rabaa al Adawiya, asesinato, cortar carreteras, y limitar la libertad de movimientos de la población.
Entre los condenados figuran los altos cargos de Hermanos Musulmanes Essam al Erian, Mohamed Beltagi y Uagdi Ghoneim, mientras que el líder espiritual del grupo, Mohamed Badie, ha sido sentenciado a cadena perpetua junto a otras 47 personas.
También está entre los condenados el fotoperiodista Mahmud Abú Zeid, conocido como 'Shaukan', quien ha sido sentenciado a cinco años de cárcel que ya ha cumplido a la espera del veredicto, por lo que podría ser liberado próximamente. Los sentenciados tienen ahora 60 días para apelar el fallo.
Además, Bachelet ha aprovechado para criticar la ley aprobada en julio por el Parlamento egipcio que impide en la práctica la apertura de proceso judicial contra cualquier miembro de las fuerzas de seguridad.
"La justicia debe ser aplicada a todo el mundo. Nadie debe ser inmune (...) Los intentos de otorgar la inmunidad por crímenes presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad solo fomentan la impunidad y socavan la confianza del pueblo egipcio en la capacidad del Gobierno para garantizar que se hará justicia conforme a la ley para cualquier individuo que sea sospechoso de haber cometido un crimen, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado", ha argumentado Bachelet.
LAS ACAMPADAS
Las acampadas en Rabaa al Adawiya y Nahda, levantadas para protestar contra el golpe de Estado contra Mursi --liderado por el entonces jefe del Ejército y actual presidente, Abdelfatá al Sisi--, fueron asaltadas por las fuerzas de seguridad.
Las operaciones se saldaron con la muerte de al menos 1.150 personas, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW), si bien el Gobierno solo reconoce alrededor de 900, entre ellos más de una decena de agentes de la Policía.
Las autoridades surgidas tras el golpe declararon a Hermanos Musulmanes como una organización terrorista, incrementando su presión contra el grupo y sus miembros y simpatizantes.
La campaña, dirigida también contra activistas opositores, se ha saldado por el momento con miles de encarcelados y condenados por diversos cargos en juicios que han sido denunciados por las ONG internacionales por su falta de transparencia.
