BRUSELAS 21 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha abierto la puerta a tomar medidas contra Hungría por la ley que criminaliza la ayuda a la inmigración, conocida como ley 'STOP Soros', aprobada el miércoles por el Parlamento de ese país y que contempla sentencias de cárcel para aquellas organizaciones e individuos que se declaren responsables de ayudar a solicitantes de asilo.
Así, Bruselas tomará "las medidas necesarias" para responder a la aprobación de dicha ley, que plantea dudas sobre el respeto a los valores de la UE, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand. "No sin preocupación estamos siguiendo estos acontecimientos y las nuevas propuestas", ha dicho.
"No deberíamos dar la espalda a los valores y principios sobre los que Europa está construida", ha afirmado el portavoz comunitario, que no ha desvelado qué medidas concretas podría adoptar Bruselas ya que están todavía analizando la situación.
No obstante, la Comisión podría emprender acciones legales contra Hungría como ya hizo con Polonia tras la aprobación en este país de la polémica reforma del sistema judicial, y que en última instancia podría dejar a Varsovia sin voto en el seno del Consejo.
UNA LEY CRITICADA POR EL CONSEJO DE EUROPA Y LA OSCE
El Parlamento de Hungría aprobó el miércoles un paquete de leyes que criminaliza a las ONG que ayudan a los inmigrantes indocumentados, a pesar de las críticas expresadas en los últimos meses por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y por la Comisión Europea.
La ley, bautizada como 'STOP Soros' por el efecto que tendrá para las actividades promovidas por el empresario George Soros, plantea penas de cárcel para los individuos o grupos que ayuden a presentar solicitudes de asilo a inmigrantes que no tienen derecho a protección o que contribuyan a que extranjeros indocumentados se queden en Hungría.
El partido Fidesz, liderado por el primer ministro, Viktor Orban, se valió de su mayoría parlamentaria para aprobar una ley sin tener en cuenta las críticas del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y sin esperar al dictamen que prevé publicar en los próximos días la Comisión de Venecia.
