BRUSELAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha explicado este martes ante la Eurocámara que todavía mantiene dudas sobre si la norma española que obliga a los residentes a declarar sus bienes en el extranjero se ajusta a la legislación comunitaria.
La norma en cuestión se ha debatido en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a raíz de las quejas presentadas por ciudadanos británicos, franceses y belgas. Los peticionarios denuncian que los afectados encuentran muchas dificultades administrativas para hacer la declaración y que las multas en caso de incumplimiento son "desproporcionadas", según ha explicado la Eurocámara en un comunicado.
"Por culpa de esta nueva norma, con sanciones elevadísimas y que no prescriben, muchos ciudadanos se están planteando su residencia en España", ha señalado durante el debate el abogado Alejandro del Campo, autor de una de las peticiones. "Esta norma vulnera la ley europea porque supone un obstáculo a la libre circulación de personas y capitales", ha agregado.
Por su parte, el abogado belga Anthony Valcke, otro de los peticionarios, ha apuntado que "esto va a afectar a muchos de los 2,1 millones de extranjeros que viven en España". "Es una norma discriminatoria porque las sanciones son mucho más fuertes que las que se aplican a la declaración de la renta española", insistió.
El Ejecutivo comunitario ha recibido también numerosas denuncias sobre este asunto y ha pedido al Gobierno español información adicional en varias ocasiones, pero todavía no ha adoptado una decisión final sobre la compatibilidad de la norma. "La Comisión duda sobre las consecuencias de no cumplir a tiempo los requisitos", ha señalado durante el debate Luisa María Chivris, representante del Ejecutivo comunitario.
Por su parte, los eurodiputados del PSOE y del PP han defendido la norma española. El popular Gabriel Mato ha rechazado que la legislación sea discriminatoria para la libre circulación y llamó a esperar a los resultados de la Comisión para determinar "si las medidas son proporcionales al fin que persigue". En la misma línea, la socialista Soledad Cabezón apuntó que "lo que habría que debatir es si el procedimiento es demasiado complicado o desproporcionado en las sanciones".
El Ejecutivo comunitario ha anunciado que informará en los próximos días tanto a la Comisión de Peticiones como a los peticionarios sobre los avances en la investigación.
