MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juicio a Pablo Ibar, el único español en el corredor de la muerte por el supuesto asesinato de tres personas en 1994, comenzó el pasado 2 de octubre. Él y su familia llevan décadas intentando que sea "justo". Como él, hay actualmente 996 españoles encarcelados en otros Estados, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Exteriores a fecha de septiembre de este año.
Los países donde más presos españoles hay son aquellos cercanos a nuestras fronteras. Según Exteriores, hasta septiembre de 2018 había 211 presos en las cárceles francesas; 89 en Alemania, 85 en Marruecos, 80 en Perú y 35 en Portugal. Es en el país andino donde la cifra ha descendedio drásticamente como consecuencia de varios traslados iniciados el pasado año, con los que 90 presos se beneficiaron.
El Defensor del Pueblo señaló en una comparecencia en el Congreso en febrero que la situación de centros penitenciarios fuera de la Unión Europea se caracteriza por el "hacinamiento, la corrupción de los funcionarios, la insalubridad y la falta de trabajo de los reos".
En un monográfico de la misma institución publicado en 2014, se hace hincapié en este tema. En Bolivia, donde había 28 presos en la fecha de publicación del informe, las cárceles superaban en cinco veces su máxima capacidad, además de existir "cárceles de pago", donde era necesario desembolsar una cantidad de dinero para dormir "bajo techo o comer".
En Venezuela, se hablaba de "un colapso de los servicios básicos" y una "alta incidencia de situaciones violentas". En Panamá hablan de "trampas de muerte", señala el informe, mientras que en Brasil, con sus grandes dimensiones, hace difícil a las familias y a las autoridades españolas visitar a los presos.
ENFERMEDADES Y ASISTENCIA DE ESPAÑA
España proporciona ayudas de hasta 200 euros por preso cuando la familia no pueda hacerse cargo. Sin embargo, en el caso de que se necesite medicación, el Estado lo añade a esa cuantía. En algunos países, el uso de medicamentos se convierte en necesidad. En Marruecos, "un buen número de los internos españoles padece depresiones, úlcera, reuma o artritis". En 2017, el Ministerio que dirigía por entonces José Manuel García-Margallo destinó 3.152 euros a medicamentos y algo más de 21.000 euros a ayudas directas en general.
Esta cantidad aumenta considerablemente con la partida de las Oficinas Consulares, las encargadas de remitir a España la detención y encarcelamiento, y se destinaron 536.116 euros para 5.786 ayudas. En ocasiones, la persona encarcelada no percibe ninguna ayuda porque opta por no comunicar al consulado su situación, por lo que no aparece en las estadísticas.
"Hay quien decide no comunicarlo por cuestiones familiares", dice a Europa Press el director de la Fundación +34, Javier Casado, una organización orientada a ofrecer apoyo económico y social a españoles en cárceles extranjeras.
Otros motivos que hacen que las personas que cumplen condena en el extranjero no comuniquen su situación es la obtención de beneficios penitenciarios como la inexistencia de antecedentes penales en nuestro país o un régimen de semilibertad, que permite abandonar la cárcel.
Actualmente, hay 151 peticiones pendientes de ser autorizadas para el traslado. Encabeza esta lista Perú (103), Venezuela (8), Colombia (7), Noruega y República Dominicana(4). España está adscrita al Convenio de Estrasburgo rubicado por 63 Estados y que trata esta materia, además de tener firmados acuerdos bilaterales con 30 países. Sin embargo, desde el Ministerio no hablan de un tiempo medio para la extradición, ya que la burocracia implicada en cada caso varía según el país de origen.
