WASHINGTON, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 322 personas han muerto durante las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, la mayoría a manos de la Policía y "fuerzas parapoliciales", según ha informado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando que, aunque la violencia se ha reducido, la "criminalización" de la protesta social va en aumento.
La CIDH ha emitido este viernes un nuevo informe basado en la información que ha recabado en las ocho semanas que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) lleva desplegado en la nación centroamericana para investigar la violencia de los últimos cuatro meses.
De acuerdo con el balance actualizado, desde el 18 de abril, cuando comenzaron las revueltas antigubernamentales, 322 personas han muerto, de las cuales 21 son policías y 23 son niños y adolescentes. "La gran mayoría fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado", ha apuntado.
La CIDH ha llamado la atención sobre el desfase entre estas cifras, obtenidas "con extrema rigurosidad metodológica", y los datos ofrecidos por el Gobierno, que habla de 450 muertos: 197 "víctimas del terrorismo golpista" y 253 por delincuencia común, accidentes de tráfico y otras causas.
El organismo regional ha urgido a las autoridades nicaragüenses a "adelantar investigaciones serias y eficaces sobre (...) todas las muertes ocurridas en el contexto de la violencia que vive el país desde el 18 de abril", especialmente sobre "las muertes de personas manifestantes como consecuencia de la represión de la protesta social".
También ha indicado de que hay "cientos" de detenidos, un número que no ha podido precisar porque, según se ha quejado, el Gobierno no ha proporcionado información sobre cuántas personas hay arrestadas y quiénes son. A este respecto, ha denunciado "un patrón de represión selectiva" que se traduce en "detenciones arbitrarias".
Los detenidos suelen acabar inmersos en procesos judiciales en los que se les acusa de cargos graves por "terrorismo" que la CIDH ha considerado "infundados y desproporcionados". Además, ha criticado la escasa fiabilidad de los procesos porque hay "formatos de acusación preestablecidos", todos los juicios se han concentrado en Managua y se ha impedido el acceso a familiares, periodistas y al MESENI y la ONU.
"El uso inapropiado del sistema penal en contra de manifestantes, opositores y defensores de los Derechos Humanos constituye una violación del derecho a la integridad personal, la protección judicial y las garantías judiciales", ha dicho el relator especial Francisco Eguiguren.
A ello se suma que han continuado "los actos intimidatorios, los hostigamientos y las amenazas contra periodistas" y "los despidos injustificados de médicos y profesionales de la salud que brindaron atención a las personas heridas en la represión de la protesta social".
Así las cosas, la CIDH ha determinado que, aunque las "acciones violentas" han disminuido, persisten "la estigmatización y criminalización de la protesta social, un grave problema del debido proceso para las personas acusadas y las violaciones de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad y sus familiares".
En concreto, ha reprochado al Gobierno de Ortega "la emisión de comunicados oficiales, así como declaraciones y pronunciamientos de las autoridades, que intentan promover un aparente clima de normalidad en el país, a la vez que estigmatiza a manifestantes, opositores, líderes sociales y defensoras y defensores de Derechos Humanos".
"Frente a esta situación, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales (...) en relación con la grave situación de Derechos Humanos registrada en el país", ha insistido, al tiempo que ha aclarado que seguirá vigilando.
