MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha rechazado las sanciones dictadas por la UE contra ella y otra decena de dirigentes venezolanos en respuesta a las elecciones presidenciales del 20 de mayo, y ha "autorizado" al bloque comunitario a usar sus bienes embargados para atender la "crisis migratoria".
Rodríguez ha usado su cuenta oficial de Twitter para enviar "un mensaje personal a la UE ante sus medidas ilícitas". La 'número dos' ha subrayado que "ninguna amenaza, extorsión o medida arbitraria" la desviarán de su compromiso con "la historia de libertad, dignidad y soberanía que legó Simón Bolívar".
"¡Jamás el mundo viejo imperial, ni poder alguno, doblegará mi determinación como venezolana a amar la tierra donde nací!", ha dicho. "Como venezolana comprometida con la defensa de la patria, ratifico mi determinación a defender la paz, la democracia, la independencia y la autodeterminación", ha declarado.
Además, ha aprovechado la "oportunidad" para "autorizar a la Alta Representante (de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini) para disponer de supuestos bienes a mi nombre, que no existen, y los destine a la atención de la crisis migratoria que han generado con sus políticas belicistas, racistas y xenófobas".
El Ministerio de Exteriores de Venezuela ya emitió un comunicado el mismo lunes en el que denunció una "franca intromisión" de la UE en los asuntos internos de la nación caribeña, al tiempo que expresó su "sorpresa" por "la flagrante subordinación de la Unión Europea a la Administración Trump, emulando sus acciones de agresión".
Los ministros de Exteriores de la UE aprobaron el lunes un nueva tanda de sanciones contra once altos cargos que incluyen a Rodríguez, el ministro de Educación, Elías Jaua, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, el vicepresidente de Economía y ministro de Industria, Tareck El Aissami, y varios cargos militares.
Las medidas punitivas son un reproche al proceso electoral del 20 de mayo, porque no cumplió "los estándares mínimos internacionales", e implican la prohibición de viajar a territorio comunitario y la inmovilización de los bienes que posean bajo jurisdicción de la UE.
Con esta decisión, se eleva a 18 el número de altos cargos venezolanos sancionados por la UE. En enero de este año, el Consejo incluyó por primera vez en la lista a siete funcionarios implicados en la vulneración de la democracia o los Derechos Humanos en Venezuela.
