MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El estado de emergencia en Turquía, declarado hace casi dos años tras la intentona golpista de julio de 2016, llega este miércoles a su fin después de que el Parlamento haya decidido no prorrogarlo y de que el Gobierno presentara un nuevo borrador para ampliar el marco de las leyes antiterroristas en el país.
El estado de emergencia fue declarado el 20 de julio de 2016, cuatro días después de la fallida asonada --que se saldó con 240 muertos--, y desde entonces ha sido prorrogado en siete ocasiones por periodos de tres meses.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ya avanzó, después de ganar las elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado 24 de junio, en las que se materializó el paso de un sistema parlamentario a uno presidencialista que prácticamente le concede poderes absolutos, que Turquía estaba preparada para retirar el estado de emergencia.
Durante estos dos años, las autoridades han cesado a cerca de 130.000 funcionarios, abogados y académicos, mientras que más de 200 organismos de medios y 1.500 organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones han sido cerradas.
El Ministerio de Justicia confirmó recientemente que se abrieron más de 100.000 investigaciones criminales, de las que 48.000 fueron llevadas ante los tribunales, a fecha del 10 de julio.
Asimismo, cifró en más de 20.000 los arrestados por pertenencia al grupo encabezado por el clérigo islamista Fetulá Gulen, al que Ankara le acusa de ser 'cerebro' del golpe, mientras que más de 13.300 personas han sido imputadas por lazos con él.
El alcance de la persecución de las personas vinculadas con la asonada ha alarmado a las organizaciones de Derechos Humanos y a aliados occidentales de Turquía, que han acusado a Erdogan de haber puesto en marcha una purga para acabar con todos los críticos con su gestión.
PREOCUPACIÓN DE LA OPOSICIÓN
El fin del estado de emergencia no pone fin a estas preocupaciones, ya que la oposición ya ha denunciado que el borrador presentado por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) da unos poderes a las autoridades y las fuerzas de seguridad similares a las existentes bajo esta medida.
Este borrador refuerza la capacidad de las autoridades para detener a sospechosos, imponer medidas de seguridad y proponer la aplicación de algunas cláusulas del propio estado de emergencia, según ha recogido el diario local 'Hurriyet'.
Así, establece el periodo máximo de detención en doce días y da autoridad a los gobernadores para limitar la entrada y salida de las ciudades, prohibir eventos públicos y declarar medidas extraordinarias de seguridad.
AMNISTÍA HABLA DE "EJERCICIO COSMÉTICO" SI NO SE CORRIGE EL RUMBO
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha considerado que el fin del estado de emergencia es una buena noticia, si bien ha recalcado que se tratará de un "ejercicio cosmético", si no se introducen medidas para corregir el rumbo.
"El estado de emergencia ha sido usado para consolidar unos draconianos poderes gubernamentales, silenciar voces críticas y arrebatar derechos básicos", ha recordado en un comunicado, antes de recordar que "abundan" las pruebas sobre un aumento de las violaciones de los Derechos Humanos.
Así, ha resaltado que "muchas de las medidas dictadas durante el estado de emergencia seguirán en vigor tras su retirada", por lo que ha pedido "medidas urgentes para dar marcha atrás en el deterioro de los Derechos Humanos" en el país.
Por ello, ha reclamado a las autoridades que "retiren todas las medidas de emergencias cuya necesidad o proporcionalidad no esté demostrada" y liberen al presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, y al resto de activistas y periodistas detenidos por cargos "infundados".
La ONG ha solicitado además a Ankara que garantice que la población puede reunirse y manifestarse "sin miedo", ponga fin al "cese arbitrario de funcionarios", y permita la reapertura de organizaciones de Derechos Humanos y medios de comunicación "cerradas de forma arbitraria".
