BRUSELAS, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Eurocámara ha reclamado este miércoles someter a controles de exportación en la Unión Europea equipos que pueden ser utilizados para vigilar e interceptar las comunicaciones electrónicas, hackear ordenadores e identificar a usuarios de Internet, entre otras actividades, para evitar que dictadores puedan espiar a sus ciudadanos y que se cometan violaciones de los Derechos Humanos con tecnologías europeas.
Los eurodiputados han aprobado su posición este miércoles --por 571 votos a favor, 29 en contra y 29 abstenciones-- para negociar cambios en la normativa europea que data de 2009 sobre el control de exportaciones de equipos duales --de doble uso civil y militar-- con los Gobiernos europeos, que todavía deben aprobar la posición negociadora.
Durante la revolución de la 'Primavera árabe' aparecieron pruebas de que varios regímenes utilizaron tecnologías europeas para oprimir y vigilar a manifestantes y los Gobiernos y la Eurocámara acordaron en 2014 revisar la normativa de control y autorización de exportaciones de equipos duales, en manos de los Estados miembro.
"Los dictadores espían a sus ciudadanos utilizando equipos de vigilancia electrónica de la UE. Esto debe parar. La UE no puede contribuir al sufrimiento de activistas valientes, que frecuentemente arriesgan sus vidas para la libertad y la democracia", ha resumido el eurodiputado responsable de la negociación en la Eurocámara, el eurodiputado verde alemán Klaus Buchner, que ha subrayado la determinación de la institución de "cerrar los agujeros peligrosos en el control de exportaciones de bienes de uso dual".
Los eurodiputados han reclamado incluir en la normativa en concreto los equipos de interceptación de las telecomunicaciones, software intrusivos, centros de vigilancia, sistemas de interceptación legítimos y sistemas de retención de datos relacionados, equipos para la descodificación de la encriptación, la recuperación de discos duros, sortear contraseñas y el análisis de datos biométricos, así como los sistemas de vigilancia de direcciones, a fin de someterles a controles de exportación.
Aunque las decisiones sobre autorizaciones de exportación "individuales" competen "a las autoridades nacionales", los eurodiputados reclaman que las empresas europeas que quieran exportar equipos cubiertos por la normativa tengan que aplicar "el principio de diligencia debida" en línea con las directrices de la OCDE para garantizar que no se cometen violaciones de los Derechos Humanos con sus equipos.
Los eurodiputados piden penas de "naturaleza y efecto similar en todos los Estados miembro" por infringir la normativa --aunque compete a cada país determinar los castigos "apropiados y disuasorios"-- y disposiciones para combatir el tráfico ilegal de los equipos de uso dual.
También piden "proteger" el derecho a la privacidad, la protección de datos y la libertad de expresión, en particular de los defensores de Derechos Humanos, en el marco de la normativa y piden retirar de la lista de equipos de encriptación sometidos a controles que son "clave" para que los ciudadanos, pero también las empresas y los Gobiernos puedan proteger sus propios datos de actores criminales o malhechores.
