MADRID, 9 Ago. (Por Cristina Vila, Coordinadora General de la ONG Tierra Libre) -
Las llanuras con bosques secos del Chaco paraguayo suponen más del 60% del territorio nacional, pero en esta región solo vive el 3% de la población de Paraguay. Entre sus habitantes están los pueblos indígenas Nivacle y Manjui, culturas ribereñas del río Pilcomayo, centro vital de sus antiguos territorios y base fundamental para su modo de vida y espiritualidad.
Durante la primera mitad del siglo XX, estos pueblos perdieron su territorio tradicional y se vieron forzados a concentrarse en pequeñas aldeas rurales sin tierra en la cuenca del Pilcomayo --una de las áreas del Chaco más marginadas y menos atendidas por el Estado-- o en las periferias de las ciudades del Chaco Central.
Estos pueblos no han sido considerados por el Estado para la restitución de sus tierras; todo lo que han logrado en términos de tenencia legal de la tierra se debe a sus propios esfuerzos y al apoyo de iglesias y de otras iniciativas privadas.
En la actualidad, las comunidades están asentadas en el departamento de Boquerón del Chaco paraguayo y la mayoría cuenta con títulos de propiedad sobre tierras que resultan insuficientes para su subsistencia y desarrollo.
En esta lucha por la tierra destaca la comunidad Nivacle de Mistolar que, tras más de 35 años de demanda, aún no ha logrado la titulación sobre las tierras reivindicadas como parte de su territorio ancestral. En general, las reivindicaciones que implican el acceso a la tierra, al agua y a mejores ingresos familiares, no son atendidas por las autoridades que deben aplicar las leyes que amparan a la población indígena.
Asimismo, las comunidades continúan excluidas de una participación real, tanto en los gobiernos municipales como departamentales y nacionales, lo que agrava la invisibilidad de sus demandas.
Su protagonismo es casi nulo en los ámbitos políticos de decisión, debido a la discriminación y exclusión social; la falta de formación cívico-política; la escasa información y conocimiento de la estructura, organización y funcionamiento del Estado y la debilidad de las organizaciones comunitarias e intercomunitarias indígenas.
DESEQUILIBRIO
El departamento de Boquerón, uno de los más desiguales del país, acusa un gran desequilibrio en la distribución de los recursos como consecuencia directa del modelo de desarrollo vigente y la acumulación de tierras y recursos en manos de unos pocos privilegiados, tanto nacionales como extranjeros.
La ganadería intensiva y extensiva es la actividad productiva principal y se encuentra en una agresiva fase de extensión territorial, lo que conlleva una progresiva degradación de los recursos naturales a través, sobre todo, de la deforestación masiva para el cultivo de pastos o forrajes para la ganadería.
Esto implica para las comunidades una gran dificultad para acceder a los recursos naturales (solo disponen del 2% de las tierras), en particular de los bosques que formaban parte de sus tierras ancestrales, en los que antaño cazaban y recolectaban para complementar su dieta y que ahora son propiedad privada.
Las condiciones ambientales extremas del Chaco, con la contradicción entre épocas de agudas sequías e intensos periodos de lluvias e inundaciones, eran manejadas antiguamente por las comunidades gracias a los desplazamientos dentro de sus territorios. Esto ya no es posible en los últimos años, debido al confinamiento de las comunidades en tierras muy escasas que imposibilitan la movilización para buscar lugares apropiados donde establecerse.
El comportamiento climático respondía a un ciclo natural más o menos previsible en lapsos de tres a seis años. Hoy, el cambio climático ha producido alteraciones considerables en los lapsos de sequías y de lluvias de modo que en un mismo año pueden generarse ambos extremos sin el tiempo suficiente para que las comunidades se repongan de los impactos y puedan planificar sus actividades productivas.
En este difícil contexto, el acompañamiento y la colaboración con estos pueblos resulta de gran valor, y a esto responden los proyectos de desarrollo que ejecuta Tierra Libre con el apoyo de Manos Unidas.
Los objetivos son claros: por un lado, construir capacidades para que las propias comunidades asuman el protagonismo en sus reivindicaciones de tierras adecuadas para su supervivencia; defender y restaurar los bosques y los cursos de agua; fortalecer la autonomía alimentaria de las comunidades; garantizar el acceso al agua por medio de redes de distribución y aljibes comunitarios y, especialmente, aumentar la capacidad de las organizaciones indígenas para incidir públicamente y defender sus derechos ante las autoridades.
