MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de México ha defendido su "compromiso irreductible" con el esclarecimiento de las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo (Tamaulipas) y ha solicitado una reunión con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que esta semana denunció al menos 23 casos y advirtió de la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad.
Los ministerios de Exteriores y Gobernación (Interior) y la Procuraduría General de la República han suscrito un comunicado conjunto para informar de que han revisado en una reunión las "diversas acciones" que han venido realizando las autoridades sobre este tema y analizado futuras medidas.
"Se reitera el compromiso irreductible del Gobierno de la República para lograr el pleno esclarecimiento de estos hechos y la identificación de los responsables para que, sin tolerancia ni distingo alguno, enfrenten las sanciones que en derecho correspondan", reza la nota.
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada concentrará todas las investigaciones que puedan caer en el ámbito federal, mientras que la Fiscalía Especializada y de la Comisión Nacional de Búsqueda aumentarán su coordinación para "lograr el pronto esclarecimiento de los hechos y la localización de las víctimas".
Las autoridades mexicanas han extendido una invitación a la oficina del Alto Comisionado para que esta comparta "la información y constancias de que disponga y haya documentado" para elaborar su informe. Tras este intercambio, responsables del Gobierno y la Fiscalía viajarían a Nuevo Laredo para recabar también testimonios de familiares y testigos para "conocer mejor el contexto" y brindar asistencia.
El Alto Comisionado, Zeid Raad al Hussein, consideró "extremadamente preocupante" que las desapariciones --al menos 23 desde febrero hasta el 16 de mayo-- se hayan producido pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones, con la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto aspiraba a combatir una lacra que deja miles de víctimas cada año y sobre la que apenas existen estadísticas.
En este sentido, subrayó que los casos de Nuevo Laredo suponen una "prueba crucial" para comprobar si la nueva ley "representa realmente el cambio" prometido por las autoridades o "si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas".
Además, recordó que todos los países tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población y, cuando los posibles responsables de crímenes son funcionarios públicos, "es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de tales graves violaciones". Según el informe, parte de las desapariciones "habrían sido perpetradas a menudo entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal".
