La CCIODH recomienda al presidente reformar las instituciones y poner fin al "modelo de represión" contra toda disidencia
BRUSELAS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) denunció hoy en el Parlamento Europeo que la situación de los Derechos Humanos en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, así como en el municipio de Atenco, en el estado de México, no han mejorado, sino que, por el contrario "se ha agravado", según pudo constar una delegación de la sociedad civil internacional en su sexta y última visita al país entre enero y febrero pasados.
"La situación de los Derechos Humanos en México es extremadamente crítica (...) La magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al Gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas", reza el informe del CCIODH, presentado hoy en la Eurocámara. "La CCIODH no ha detectado en el Ejecutivo federal un verdadero interés en situar el pleno respeto de los Derechos Humanos como prioridad de su acción de gobierno", lamenta el informe al que acompaña un DVD que documenta su visita.
En términos generales, el informe denuncia "la impunidad general" ante las graves violaciones de Derechos Humanos en las tres zonas visitadas, la falta de "acceso a una Justicia independiente", "la miseria estructural de las comunidades indígenas" y la falta de "voluntad política" para encontrar una solución que garantice el respeto por los Derechos Humanos, resumió en la Eurocámara Bernard Ruguet, del CCIODH.
Asimismo, criticó la "militarización" del Estado de Chiapas, "la presencia permanente e importante de (fuerzas) paramilitares", las "constantes" violaciones de mujeres, la corrupción "a todos los niveles" administrativos que registra el país y la "criminalización de los movimientos sociales" como principales violaciones contra los Derechos Humanos que también documenta el informe presentado.
LA SITUACIÓN EMPEORA
"No ha cambiado nada, la situación ha empeorado más bien", incluso a pesar de que el nuevo Gobierno presente una "imagen democrática de México". "Detrás hay un régimen que se podría calificar de dictatorial", un régimen "militar, disfrazado de civil", a juicio de Ruguet, quien apeló a "la responsabilidad de los organismos internacionales, especialmente de la ONU y de la Unión Europea" para que hagan cumplir las cláusulas democráticas de acuerdos comerciales con el país latinoamericano.
Concretamente. en el Estado de Chiapas, Hélène Roux, también del CCIODH, lamentó que el conflicto por el control de tierras ricas en recursos naturales "se ha agravado muchísimo", sobre todo después de que el año pasado el Gobierno federal expropiara 14.000 hectáreas de las comunidades indígenas que allí vivían para crear una reserva natural protegida sin haber creado, al mismo tiempo, "ningún mecanismo" para reubicar a las familias cuyos tierras fueron expropiadas. Además, lamentó que ello sirva "de pretexto para actuaciones violentas de grupos paramilitares" con el objetivo de "provocar peleas" y enfrentar a los grupos indígenas entre sí.
"La Unión Europea debe plantearse evaluar su papel en una zona altamente conflictiva" como es Chiapas, donde recordó la UE está financiando desde hace varios años un proyecto de reordenación territorial en la zona.
REPRESIÓN CONTRA LOS PERIODISTAS
Asimismo, Roux abundó en la represión que sufren los periodistas en México por ejercer su profesión y lamentó que, a pesar de la existencia de una Fiscalía "especializada" federal para atender los delitos contra los periodistas, éstos no reciben "la mínima seguridad y protección" para desempeñar su función.
A juicio de Françoise Escarpit, que formó parte de la delegación que viajó a México a principios de año, "en el centro del problema" de México se encuentran la falta de una Justicia independiente y la impunidad de los funcionarios mexicanos que "continuamente están violando la ley".
El miembro del Secretariado del CCIODH, con sede en Barcelona, Iñaki García, lamentó que de los 23 homicidios documentados en Oaxaca las investigaciones no han permitido, hoy por hoy, imputar a "un solo funcionario público". "Si no hay ningún funcionario imputado y condenado no tiene sentido confiar en la Justicia", admitió. Asimismo, denunció que "uno de los ejes" de la reforma de la Justicia anunciada por Calderón pase por no reconocer la presunción de inocencia que "no forma parte del sistema" judicial que quiere impulsar.
RECOMENDACIONES DEL INFORME
El informe, elaborado a partir de casi 600 entrevistas a personas en Chiapas, Atenco y Oaxaca --incluidas a familias de víctimas, las autoridades del país e incluso directores de penales y presos políticos-- recomienda al Estado mexicano "atender a las causas profundas del conflicto", fundamentalmente "los problemas estructurales de pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, la posición subalterna de la mujer, la falta de medios para la educación, la salud y la vivienda, la ausencia de canales de participación democrática y la incomprensión de la diversidad cultural como base de convivencia social". "La única forma de evitar que se regeneren contextos de vulneración de los Derechos Humanos pasa por atender las causas originales de los conflictos", subraya el informe.
Asimismo, la CCIODH, creada en 1998 para investigar las violaciones de Derechos Humanos en México tras la masacre de Acteal en diciembre de 1997, recomienda a las autoridades mexicanas "desmontar por completo el modelo de represión" contra toda disidencia, garantizar que se responsabiliza "penalmente" a los funcionarios públicos que participan en las violaciones de DDHH, así como garantizan "la reparación" de los abusos cometidos mediante reparaciones económicas, sociales y morales. Además, les emplaza a acometer "una reforma profunda de las instituciones" del Estado de forma que se garantice "la plena independencia" del poder judicial frente al ejecutivo.
Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, que asistió a la presentación del informe, se comprometió a remitir el informe a la Comisión Europea y pedir que "concrete algún tipo de mecanismo" para verificar el cumplimiento de la cláusula democrática contenida en el acuerdo preferencial comercial suscrito entre México y la Unión Europea para garantizar el respeto por los Derechos Humanos, tal y como reclama la CCIODH, teniendo en cuenta, dijo el eurodiputado, que "el nivel de violencia en México está teniendo una escalada preocupante", especialmente en el Estado de Chiapas.
