MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) ha denunciado este viernes que los grupos ilegales armados que han ocupado los territorios desalojados por la antigua guerrilla de las FARC en Colombia han cometido numerosas violaciones de Derechos Humanos, lo que les convierte en el principal obstáculo para la implementación completa del acuerdo de paz.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se apartaron del acuerdo de paz y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha han ocupado zonas selváticas y montañosas para apoderarse de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, según asegura el OHCHR en un informe publicado este viernes.
"Grupos armados, como el ELN, así como organizaciones criminales, han ocupado las antiguas zonas de influencia de las FARC, con el objetivo de controlar los negocios ilegales, lo que ha tenido un impacto increíblemente negativo en la población local", ha denunciado el informe anual de la oficina de la ONU sobre el estado de los Derechos Humanos en Colombia.
"La consolidación de grupos armados y organizaciones criminales en estas áreas puede impedir sustancialmente la implementación del acuerdo y socavar los potenciales beneficios del proceso de paz en materia de derechos humanos", ha apuntado el documento, tras lo que ha advertido que "en esos sitios hay apenas una pequeña ventana de oportunidad para mejorar la situación".
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron un acuerdo de paz a finales de 2016 para terminar con un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
El acuerdo ha permitido reducir la intensidad del conflicto y la conversión de las FARC en un partido político con 10 escaños asegurados en el Congreso colombiano. No obstante, se continúan registrando graves violaciones a los derechos humanos como asesinatos, secuestros, desplazamientos y reclutamiento forzado de menores por parte de otros grupos armados ilegales.
La ONU ha expresado su preocupación por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques. Sólo en 2017, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos.
