NUEVA YORK, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
Una coalición internacional de organizaciones de Derechos Humanos instó hoy al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que presione a Sudán para que entregue al Tribunal Penal Internacional (TPI) a los presuntos criminales de guerra Ahmad Harun, actual ministro para Asuntos Humanitarios, y Ali Kushayb, líder de los paramilitares progubernamentales 'janjawid'. En este sentido, denunciaron que hasta la fecha las autoridades sudanesas se han negado "descaradamente" a cooperar con el TPI y a entregar a los dos sospechosos.
Las organizaciones, integradas en la campaña 'Justicia para Darfur' instaron a los miembros del Consejo de Seguridad que se encuentran actualmente de visita en Jartum a que planteen el tema de la falta de cooperación de Sudán con el TPI, y adopten una nueva resolución que exila la plena de cooperación de Sudán con el Tribunal. La petición ha sido respaldada por dos Premios Nobel de la Paz, la estadounidense Jody Williams y la iraní Shirin Ebadi.
Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU están efectuando una gira de nueve días por África, que incluye visitas a Jartum y Darfur. Su viaje coincide con una reunión informativa del fiscal jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo, al Consejo de Seguridad en Nueva York sobre la negativa constante de Sudán a cooperar con la Corte, a pesar de su obligación de hacerlo conforme a la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad (2005).
"La misión a Jartum es una oportunidad fundamental para presionar a los líderes sudaneses, tanto a nivel privado como público, para que cooperen con el Tribunal", señaló Niemat Ahmadi, de la Coalición Salvar a Darfur (Save Darfur Coalition). "Hace tres años, el Consejo de Seguridad se comprometió con la justicia en Darfur remitiendo el asunto al TPI. Ha llegado el momento de que el Consejo dé el siguiente paso para cumplir dicho compromiso", agregó.
El TPI dictó órdenes de arresto contra los dos sospechosos hace más de un año, el 27 de abril de 2007. Se les acusa de 51 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad, que incluyen asesinato, persecución, tortura, violación y desplazamiento forzado.
A pesar de la gravedad de estos crímenes, las autoridades sudanesas se han negado "descaradamente" a cooperar con el TPI o a entregar a los dos sospechosos, denunció la coalición en un comunicado. En cierto momento, el embajador sudanés ante las Naciones Unidas llegó a pedir que se juzgara al propio fiscal del TPI.
Ahmad Harun sigue siendo ministro para Asuntos Humanitarios en Sudán. En su puesto actual y como enlace con la Misión Conjunta de la Naciones Unidas y la Unión Africana para Darfur (UNAMID, por sus siglas en inglés), mantiene una considerable influencia sobre las operaciones de las organizaciones humanitarias que prestan asistencia a los desplazados internos.
Asimismo, representa frecuentemente al gubernamental Partido del Congreso Nacional durante en los eventos oficiales. En septiembre de 2007 fue nombrado miembro de un comité creado para supervisar la seguridad entre el norte y el sur de Sudán, y por lo tanto ahora desempeña un papel relacionado con la inestable región fronteriza de Abyei.
En octubre de 2007, el gobierno sudanés anunció que el segundo sospechoso, el líder janjawid Ali Kushayb, había sido puesto en libertad por falta de pruebas en su contra y había retomado sus funciones.
EL CONSEJO DE SEGURIDAD
Según las organizaciones firmantes, la última ocasión en que el fiscal del TPI informó al Consejo de Seguridad sobre las investigaciones, en diciembre de 2007, "los miembros del Consejo respondieron con declaraciones individuales de apoyo al Tribunal, pero no adoptaron ninguna medida".
"La campaña Justicia para Darfur se dirige al Consejo de Seguridad para que apoye la administración de justicia para las víctimas en Darfur, y respalde su histórica remisión del caso al Tribunal", señaló Ahmadi. "Ha llegado el momento de responder a la flagrante obstrucción de Jartum con una resolución clara que recuerde a Sudán sus obligaciones con respecto al Tribunal, y a las víctimas", agregó.
"Si un hombre mata a una persona, viola a una muchacha o incendia una mezquita esperamos que la justicia responda", señaló por su parte Shirin Ebadi, abogada iraní de Derechos Humanos y Premio Nobel de la Paz en 2003. "¿Por qué tiene que ser diferente cuando se asesina a cientos de civiles y se viola a muchas mujeres? La comunidad internacional tiene que actuar ahora para seguir adelante con los detalles ásperos del arresto y la aplicación de la ley", agregó.
Asimismo, Jody Williams expresó su especial preocupación por las víctimas de las violaciones generalizadas usadas como un arma en la guerra en Darfur, un crimen del que ambos sospechosos han sido acusados.
"El Consejo de Seguridad de la ONU tiene que actuar para ayudar a administrar justicia a las mujeres de Darfur, muchas de las cuales han sido violadas o torturadas sexualmente", señaló Williams, Premio Nobel de la Paz en 1997. "La paz sostenible sólo llegará cuando se lleve ante la justicia a los que han ordenado el uso de esta táctica de guerra, además de los que cometieron directamente el crimen de violación", agregó.
