MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Israel ha ordenado este jueves la suspensión de los trabajos de demolición en la localidad beduina de Jan al Ahmar, ubicada en Cisjordania, tras las protestas por parte de varios países europeos.
El abogado Alaa Mahajna ha desvelado que ha presentado durante la jornada una demanda de suspensión y ha agregado que el Supremo la ha aceptado y ha dado al Estado hasta el 11 de julio para responder.
De esta forma, la demolición y desalojo de los residentes en Jan al Ahmar queda prohibida hasta dicha fecha, según ha recogido el diario local 'Haaretz'.
Diplomáticos de España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlandia, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza han visitado Jan al Ahmar durante la jornada, si bien las autoridades israelíes les han prohibido acceder a su escuela, uno de los iconos de la localidad.
Las fuerzas israelíes se desplazaron al lugar a primera hora del miércoles junto con buldóceres, en medio de la resistencia de residentes y activistas palestinos e internacionales. En total, once personas fueron detenidos y decenas resultaron heridas, según la Media Luna Roja.
La localidad, en la que residen cerca de 180 personas, se encuentra ubicada entre los asentamientos de Maale Adumim, cerca de Jerusalén, y Kfar Adumim.
El Supremo israelí aprobó a finales de mayo su demolición, incluida la escuela levantada en el lugar con adobe y neumáticos para evitar la prohibición de edificación por parte de las autoridades de Israel.
El juez Noam Sohlberg argumentó que las estructuras habían sido construidas sin permiso de las autoridades israelíes y que por tanto no había motivos para que el tribunal interviniera contra la decisión del Ministerio de Defensa de proceder a derruirlas.
El titular de la cartera, Avigdor Lieberman, afirmó en agosto que las autoridades se estaban preparando para trasladar a los residentes de Jan al Ahmar y Sussia a otros lugares en el marco de un plan para expandir los asentamientos en la zona.
La comunidad está integrada por miembros de la comunidad beduina Jahalin, desplazada previamente de sus residencias en el desierto del Néguev, en el sur del país.
El caso de Jan al Ahmar y Sussia se ha convertido en una de las caras de la lucha de los beduinos contra la expulsión de palestinos del Área C de Cisjordania, bajo control administrativo y militar de Israel.
Jan al Ahmar es además conocido por su escuela, construida con adobe y neumáticos gracias a una organización no gubernamental italiana para evitar la prohibición de edificación impuesta por las autoridades israelíes.
"PROFUNDA TRISTEZA E INJUSTICIA"
La directora ejecutiva de Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en España, Raquel Martí, expresó el miércoles su "profunda tristeza" por los trabajos de demolición, que tildó de "injusticia". "Es ilegal destruir las propiedades palestinas", agregó.
"El ejército israelí ha llegado a la comunidad beduina de Jan al Ahmar para destruirla y transferir forzosamente a la población, contraviniendo el Derecho Internacional y violando las Convenciones de Ginebra", resaltó a través de Twitter.
En una entrevista concedida en mayo a Europa Press, Martí resaltó que la comunidad de Jan al Ahmar "vive amenazada desde hace once años por órdenes de demolición y por el plan de transferencia forzada de todos los beduinos de esa zona".
"El plan que hay detrás de las demoliciones y la transferencia forzada es extender los asentamientos de colonos israelíes hasta Jerusalén Este", manifestó, antes de recordar que "ambas acciones, las demoliciones y las transferencias, están prohibidas bajo las Convenciones de Ginebra".
"En este plan, esa extensión lo hace es tropezarse con estos asentamientos de beduinos, con lo que para poder extender los asentamientos hay que demoler las comunidades beduinas, y esa población transferirla a otro lugar", explicó.
Martí manifestó además que esta comunidad hacía frente desde hace años a órdenes para la paralización de trabajos de construcción, lo que implica que los beduinos no pueden construir nuevas estructuras ni rehabilitar las existentes.
VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
Por su parte, Acción contra el Hambre ha incidido en que "el traslado forzoso de la comunidad beduina palestina es una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra y abre el camino para el desplazamiento masivo de cientos de otras comunidades en Cisjordania".
"Las operaciones del Gobierno israelí suponen una violación del Derecho Internacional", ha reiterado, antes de criticar los planes israelíes de desplazar a los residentes "a una zona próxima a un vertedero de basura en Yabal Occidental".
Asimismo, ha hecho referencia al argumento de las autoridades israelíes sobre la falta de permisos al destacar que entre enero y junio de 2016 sólo recibieron autorización el 0,5 por ciento de las solicitudes de permisos.
Acción contra el Hambre ha alertado además de que hay otras 45 comunidades en Cisjordania que podrían ser reubicadas. "Estas comunidades albergan a 8.000 palestinos que ahora se enfrentan al riesgo aún mayor de que sus casas, escuelas, instalaciones y centros comunitarios sean destruidos y sean obligados a abandonar sus hogares", ha remachado.
