TÚNEZ, 18 Jul. (Reuters/EP) -
El Parlamento de Túnez ha aprobado este martes una ley para combatir el enriquecimiento ilícito, un paso diseñado para fortalecer la lucha del Gobierno contra la corrupción generalizada en el país.
Desde el levantamiento de 2011, Túnez ha sido retenido por los socios occidentales como un modelo de democracia para la región. El progreso económicos se ha retrasado, sin embargo, y la corrupción continúa siendo un importante problema en el país.
La ley obligará al presidente, los ministros, altos funcionarios del sector público, organismos independientes, bancos, jueces, fuerzas de seguridad, periodistas y sindicatos a declarar sus propiedades.
"La ley es una revolución porque permitirá que el grupo nacional escudriñará la riqueza desconocida que se ha adquirido de forma ilegal", ha afirmado el primer ministro tunecino, Youssef Chahed.
El presidente del Parlamento, Mohamed Naceur, ha señalado que la ley "es un paso más en los esfuerzos para luchar contra la corrupción, garantizar la transparencia y preservar el dinero público".
Las sanciones por enriquecimiento ilícito ahora incluyen multas y hasta cinco años de prisión.
El Gobierno, confiscó en 2017 la propiedad y congeló las cuentas bancarias de alrededor de 20 prominentes empresarios bajo sospecha de corrupción en una campaña gubernamental sin precedentes contra el soborno.
Chafik Jaraya, que mantiene contactos políticos en Túnez y Libia y ayudó a financiar el partido gobernante Nidaa Tounes durante las últimas elecciones en 2014, fue uno de los detenidos en 2017 y se encuentra en la cárcel esperando a su juicio. Su abogado ha señalado que los cargos tienen motivaciones políticas.
La comisión anticorrupción de Túnez asegura que la corrupción se ha extendido en todos los sectores, incluidos la seguridad, las licitaciones públicas y la salud.
