LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos del Consorcio de Gran Canaria han informado este jueves de que han decidido acudir a los tribunales para que sean estos los que "obliguen" al gobierno insular de Antonio Morales a aplicar las leyes estatales de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, ya que se trata del único consorcio de bomberos al que no se le aplica en España.
Asimismo, en una rueda de prensa en la que han estado presente los portavoces de la junta de personal del Consorcio, José María Monzón y Pedro Gallego, acompañados de los abogados Joaquín Ruiz de Infante, experto en materia penal, y Luis Miguel López Gómez, experto en lo contencioso administrativo, se ha indicado que también se trabaja en una querella penal para exigir responsabilidades al Consorcio ante la falta de material y personal, así como por las bajas laborales.
Monzón explicó que se ha decidido actuar ante la vía judicial por el "incumplimiento sistemático" de la normativa y al entender que deben defender tantos sus intereses como el de los ciudadanos, además de que recordara que llevan poniendo denuncias con requerimientos desde el año 2013 y "no" han sido atendidas por el Consorcio. "Es una situación inaguantable e insostenible", apuntilló.
En cuanto a la querella penal en la que se trabaja, y que irá previsiblemente contra quienes gestionan el Consorcio --compuesto por 21 entes--, el abogado Ruiz de Infantes admitió que estará sustentada la misma en la "infracción de las normas más elementales" recogidas en la Ley de Riesgos Laborales a pesar de que los bomberos han denunciado y advertido en las circunstancias en la que realizan su trabajo en los siete parques que hay en la isla.
Al respecto, citó algunas de las advertencias hechas por los bomberos, entre las que se encuentra el que "no hay bomberos suficientes" ni el materia necesario --los EPI (Equipo de Protección contra Incendios)-- para atender los servicios, a lo que añadió que los EPI que hay "no son objeto de desinfección" a pesar de las situaciones "altamente peligrosas" a las que se exponen, pasando los equipos de un bombero a otro, sujetos a sustancias "muy peligrosas".
Sobre esto último Ruiz de Infantes matizó que aquí no solo está asumiendo unos riesgos el bombero que utiliza un equipo sin desinfectar, con la posibilidad de infectarse con alguna bacteria, sino que está el "riesgo que asumen los ciudadanos" al ser rescatados ante esa circunstancia.
En este sentido, a modo de ejemplo, expuso que en el parque de Puerto Rico hay dos bomberos sin EPI, mientras que en el de Arucas hay cuatro efectivos, también sin EPI, y en el de Gáldar, dos bomberos con un EPI. Esta situación, puntualizó, "puede ser constitutivo de un delito".
BAJAS POR ACCIDENTES POR NO TENER MATERIAL
Por ello, en relación con la falta de material, están analizando la posible vinculación que tienen las bajas por incapacidad laboral y jubilación anticipada, que ascienden a unas 10-11 aunque podría aumentar --porque hay bomberos esperando la valoración del tribunal médica--, por no tener los materiales "adecuados", pudiendo incurrir en un delito contra los trabajadores "por el peligro al que se les somete".
Asimismo, señaló que el Consorcio de Bomberos de Gran Canaria "no quiere" realizar el procedimiento necesario para analizar cuántos efectivos se necesitan, de tal forma que "se desconoce el número de bomberos que hace falta", lo que tildó como una situación de "grave riesgo".
EL CONSORCIO "HA HECHO OÍDOS SORDOS"
Por su parte, el abogado experto en lo contencioso administrativo Luis Miguel López Gómez, indicó que el Consorcio "ha hecho oídos sordos" a la adaptación de las normas estatales de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, así como a la renovación de los estatutos que están "derogados" desde finales del año 2014.
López Gómez explicó que estas normas obligaba al Cabildo de Gran Canaria a adscribir automáticamente al Consorcio como han hecho el Cabildo de Tenerife y el de Lanzarote de forma "absolutamente espontánea --en cumplimiento a las leyes nacionales--", siendo el de Gran Canaria el "único en España" que no lo ha hecho.
Así, agregó, que "ante la falta de voluntad" de la institución insular el pasado mes de junio se interpuso una demanda en la que se solicita a los tribunales que sean ellos los que "obliguen" al Cabildo a aplicar la norma. Añadió que la institución insular aduce "de facto" que lo aplican en la parte financiera y presupuestaria pero no en personal.
En relación con ello, indicó que los bomberos "en ningún momento" han pedido ser funcionarios del Cabildo, lo que solicitan, dijo, es la aplicación de la norma.
Al respecto, uno de los portavoces de la junta de personal del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, José María Monzón, matizó que ya son funcionarios públicos e insistió en que han querido la situación a través de diálogo, algo que no han conseguido, acusando al equipo de gobierno del Cabildo de estar "difamando al colectivo de bomberos".
Monzón aprovechó para recordar que hoy 20 de septiembre, cuando se cumple un año del incendio que arrasó gran parte de Gran Canaria, fueron unos 35 bomberos los que trabajaron en el fuego en la zona, principalmente de Tejeda, número de efectivos que había por día al estar haciendo horas extras; sin embargo, añadió, que ahora que no están realizando esas horas extras, al considerar que son por situaciones de fuerza mayor y no para sustituir personal, hay entre 17, 18 efectivos al día en total para los siete parques de la isla.
