SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Nueva Canarias ha presentado 62 propuestas de mejora al Proyecto de Ley de Servicios Sociales, entre ellas, una renta básica que podría alcanzar al inicio a más de 50.000 personas, incluidas las que cuentan con pensiones no contributivas, las que están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social y los trabajadores que tampoco pueden cubrir los gastos básicos para vivir con dignidad.
Ésta y otras enmiendas parciales al texto que mañana comenzará a trabajarse en ponencia han sido dadas a conocer hoy lunes en una rueda de prensa que ha contado con la presencia del portavoz del Grupo Parlamentario de NC, Román Rodríguez; el portavoz adjunto, Luis Campos, y el diputado Pedro Rodríguez.
La renta básica de garantía de ingresos, en opinión de Luis Campos, debe ser una de las prestaciones a desarrollar a través de esta nueva norma y la base del plan de lucha contra la pobreza, cuya puesta en marcha no debe prolongarse más allá de los seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
En calidad de ponente, Luis Campos hizo hincapié en la importancia de comenzar a desarrollar los servicios y prestaciones antes de que termine la actual legislatura en mayo de 2019, para lo que es necesario que el proyecto de ley se apruebe antes de que finalice el próximo mes de diciembre.
La renta básica canaria, según Román Rodríguez, puede alcanzar a los 12.000 beneficiarios actuales de la Prestación de Inserción (PCI), a las más de 40.000 personas con pensiones no contributivas, a las personas y familias en riesgo de pobreza y a los trabajadores, que tampoco pueden garantizar con su sueldo los ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos para tener unas condiciones de vida dignas.
Para "complementar, integrar y dignificar" al 44,6% de canarios en riesgo de exlusión social, los nacionalistas de izquierdas plantean que se usen los 30 millones de euros conseguidos en los PGE de 2018 para combatir la pobreza más otros 170 millones de euros provenientes de los fondos de la PCI, otras políticas de empleo social y una modificación fiscal basada en la progresividad, como ya se planteó en la tramitación de los presupuestos canarios de 2018.
En total 200 millones de euros con los que empezar a desarrollar una medida que cumple con sus objetivos en las sociedades europeas más avanzadas y en territorios del Estado, como Euskadi desde hace más de una década, incidió Campos. El ponente invitó al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que analice la experiencia vasca, como hizo con la Formación Profesional, para que "se dé cuenta de su error de catalogar como populista esta medida".
Unos recursos económicos a los que contribuirá el nuevo REF económico, que se tramita en el Congreso de los Diputados y que incluye una enmienda de NC para que la Administración estatal contribuya, en sus presupuestos, con una dotación para impulsar medidas mientras los indicadores oficiales estén por encima de la media estatal. Sin olvidar, añadió, que la reforma del Estatuto de Autonomía, en trámite en las Cortes Generales, incluye la renta de ciudadanía.
OTRAS PROPUESTAS.
Luis Campos destacó otras propuestas de mejora del Proyecto de Ley de Servicios Sociales, entre ellas, el reconocimiento de las prestaciones como un derecho subjetivo, lo que permite a los beneficiarios acudir a la vía administrativa y judicial cuando las administraciones públicas incumplan.
NC aboga por suprimir el concepto de servicios "esenciales" para que todos tengan la consideración de "obligatorios" y avanza en el modelo de atención individual y grupal al incluir la atención comunitaria y de proximidad. Para Campos es importante que se cree una carta de derechos y deberes para que todas las admistraciones públicas puedan difundir el catálogo de los derechos reconocidos en la nueva ley.
Los nacionalistas de izquierdas defienden la necesidad de incluir el fomento de la investigación e innovación en esta materia así como la eliminación de las compensaciones económicas entre las consejerías de Sanidad y de Servicios Sociales ya que, en el 99% de los casos, las transferencias van al segundo departamento gubernamental anteriormente citado. Se trata de evitar la descapitalización de Servicios Sociales, según Luis Campos.
En los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la norma, mediante una ley de crédito o de modificación, el ponente nacionalista planteó que el Gobierno inyecte a este área el 5% de lo destinado en el presupuesto en vigor (400 millones de euros). Son unos 20 millones de euros más para "impulsar al incio" las medidas y servicios previstos en una ley que viene a actualizar la de 1987, en opinión del portavoz adjunto de NC.
