LOGROÑO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
UGT de La Rioja ha intervenido esta mañana en la vista oral celebrada en el Tribunal de Luxemburgo para defender su postura ante las llamadas 'vacaciones fiscales vascas', en la que defiende una "fiscalidad sin favores".
El sindicato, a través de un comunicado, recordó que, contra las normas forales, en este proceso se encuentran personadas exclusivamente las tres instituciones que procedieron a recurrirlas: Gobierno de La Rioja, Gobierno de Castilla y León y UGT de La Rioja. El resto de la delegación que ha viajado a Luxemburgo (CCOO, FER y Cámara de Comercio) se encuentra allí para apoyar las tesis de estas tres organizaciones.
El conflicto, que arranca en 1995, se encuentra ahora en una fase de consulta (cuestión prejudicial) solicitada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al Tribunal de la UE, después de que este último dictara la denominada 'sentencia de las Azores' en la que establecía tres requisitos imprescindibles para aprobar tipos impositivos diferentes a los del resto del Estado (autonomía institucional, procedimental y económica).
El Gobierno del País Vasco entiende que cumple los tres requisitos, frente a la postura de Gobierno de La Rioja y UGT, que entienden que al menos dos de los tres no se cumplen (no tienen ni autonomía de procedimiento ni económica).
Al margen de los argumentos meramente jurídicos, UGT de La Rioja considera que, "si se permiten tipos impositivos reducidos, el tejido industrial riojano se encontraría en clara desigualdad frente a las empresas localizadas en territorios forales vascos".
Es más, "podría provocar el traslado de empresas a esos territorios desde La Rioja, tal y como ya ha ocurrido. Todo ello afecta de forma grave a los trabajadores riojanos, que se ven o pueden verse obligados a traslados forzosos, cambios de domicilio o pérdida del empleo". Por ello, con su recurso, UGT de La Rioja "vela por los derechos de los trabajadores riojanos, principales perjudicados por los privilegios fiscales vascos".
UGT de La Rioja defiende una "fiscalidad sin favores, entendiendo que las empresas tienen que elegir su ubicación por causas homologables en todos los lugares y no como resultado de competencias desleales". El principio de solidaridad impregna todo el ordenamiento constitucional español. Lo consagra en su articulo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Establece que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
