Hubo "importantes desviaciones temporales no justificadas", llegando en algún caso a alcanzar hasta el 480% respecto al plazo previsto
LOGROÑO/MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples incidencias en la ejecución de contratos celebrados por ayuntamientos de las Comunidades Autónomas de Extremadura, La Rioja, Murcia y Cantabria durante el año 2012, tales como "importantes desviaciones temporales no justificadas" e "incrementos de costes".
Precisamente, los ayuntamientos que más incidencias comunicaron fueron los situados en la Región, con 328, lo que supone el 54,76 por ciento del total. Mientras que las incidencias que surgieron en su tramitación ascendieron a 394, el 54,42 por ciento del total, frente a las 117 de Cantabria o La Rioja, o las 96 de Extremadura.
Así lo pone de manifiesto el organismo en el informe de fiscalización de las incidencias producidas durante el año 2012 en la ejecución de los contratos celebrados por las entidades locales de aquellas comunidades, como las citadas, sin órgano de control externo propio, al que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, el Tribunal solicitó a los 104 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de las comunidades sin órgano de control externo la cumplimentación de una relación certificada de todas las incidencias producidas en la ejecución de los contratos celebrados.
Según el citado informe, muchas de las incidencias producidas en la ejecución de los contratos se debieron a las "deficiencias" que se produjeron durante la preparación de los expedientes contractuales, que podían haber sido previstas con anticipación.
Asimismo, señalan que las causas "generales" de la extinción de contratos han sido los incumplimientos de los plazos de ejecución, la falta de financiación y recursos económicos por parte de las entidades locales o de los contratistas, así como las irregularidades surgidas en las fases de preparación, anteriormente mencionadas.
Además, en muchos de los casos en los que los contratistas han sido los responsables, no consta que se haya realizado por parte de la Administración una valoración de los perjuicios causados ni el "posterior resarcimiento de los mismos". Por el contrario, en los casos en los que la responsabilidad ha sido de la Administración, ésta sí se ha visto obligada a indemnizar al contratista.
SIN TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
En cuanto a la modificación de contratos, el Tribunal de Cuentas ha detectado, por ejemplo, que en los contratos iniciales no se detallaban las condiciones para llevar a cabo cambios posteriores, muchos de los cuales derivaron en desviaciones del precio inicial e importantes retrasos.
"La modificación de los contratos durante la fase de ejecución llegó a desvirtuar, en algún caso, el procedimiento de adjudicación, al variar significativamente las condiciones económicas iniciales, en perjuicio de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, así como los de eficiencia y economía en la ejecución del gasto público", añaden.
También se han detectado "importantes desviaciones temporales no justificadas, con el consiguiente retraso en la entrega del servicio público, llegando en algún caso a alcanzar hasta el 433 o el 480% con respecto al plazo inicialmente previsto". Además, muchas de estas demoras no estuvieron amparadas en la concesión de prórrogas.
Asimismo, el informe pone de manifiesto que muchas de las entidades se han visto a abonar intereses de demora, con el "consiguiente perjuicio al erario municipal", debido al retraso en el pago de las prestaciones objeto de la contratación.
Los ayuntamientos de las citadas Comunidades Autónomas también incumplieron "mayoritariamente y de forma sistemática" en 2012 la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la información referente a las incidencias en la ejecución de contratos.
RECOMENDACIONES
Por todo ello, el organismo fiscalizador recomienda a las entidades locales de estas regiones que tramiten con "mayor rigor" las fases de preparación y adjudicación de los contratos, para que no se produzcan modificaciones que implican "demoras e importantes incrementos de costes".
También pide que adopten las medidas necesarias para establecer un mayor control en la ejecución de los contratos para garantizar el cumplimiento de los plazos, y que utilicen los mecanismos previstos en la normativa para exigir responsabilidades a los contratistas si procede.
Asimismo, les insta a que sean más eficientes en la gestión del fasto derivado de la contratación, para evitar que el incumplimiento de las condiciones y los plazos en el pago a los contratistas de lugar a intereses de demora, "con el consiguiente perjuicio para los fondos públicos municipales".
