Los primeros acusados en declarar niegan los hechos
MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de un clan de proxenetas que actuaban en el Polígono de Marconi y en la calle Montera han solicitado en el juicio la nulidad de las actuaciones por vulneración de derechos fundamentales en la obtención de pruebas como las escuchas telefónicas por supuestas irregularidades, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El juicio ha arrancado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid contra catorce acusados, que afrontan penas de entre siete y sesenta años de cárcel por una ristra de delitos. El grupo delictivo tatuaba la deuda en las muñecas de las mujeres, a quienes obligaban a prostituirse en la calle Montera, en el polígono de Marconi y en varios clubs de la capital.
En la fase de cuestiones previas, los letrados han denunciado la vulneración de derechos fundamentales, solicitando que se anule el proceso y, en su defecto, la obtención de varias pruebas como las escuchas o los reportajes fotográficos.
En esta primera sesión, los primeros en declarar han negado los hechos, una postura que mantiene el resto de los procesados. Las declaraciones de estos seguirán mañana y el jueves, mientras que las víctimas comparecerán el próximo viernes a través de videoconferencia.
Pese a que los acusados lo niegan, el fiscal sostiene que estos obligaban a las mujeres a practicar la prostitución y entregarles después gran parte del dinero obtenido.
Los responsables de los grupos aplicaban duras medidas de castigo a las mujeres que intentaban escapar, llegando incluso a tatuarles un código de barras en sus muñecas con la deuda contraída con la organización.
Según el fiscal, los imputados son responsables, de varios delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un delito de prostitución coactiva en persona menor de edad, varios delitos de falsedad en documento oficial, varios delitos de prostitución coactiva en personas mayores de edad, un delito de detención ilegal, varios delitos de lesiones, un delito de resistencia y varios delitos de tenencia de armas prohibidas.
Los procesados constituían una organización que operaba en el polígono industrial de Marconi, en la calle Montera y en otros lugares donde se ejerce habitualmente la prostitución en Madrid.
