Núñez dice que se mantiene la colaboración público-privada pero que se da a elegir si se quiere que la solicitud la tramite el Ayuntamiento
MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La nueva ordenanza de apertura de actividades económicas ha recibido el visto bueno por parte de la Comisión de Seguridad y Emergencias y ahora será llevada al Pleno municipal para su aprobación definitiva, según ha detallado el delegado del ramo, Enrique Núñez, que ha considerado que dicho texto se ajusta a la legalidad.
La ordenanza faculta a los interesados que quieran obtener la licencia de actividad pueden contratar una entidad colaboradoras de gestión de licencias (conocida como ECLU) para tramitar su solicitud o realizar el proceso "directamente" por el Ayuntamiento, y deroga la anterior sobre este punto, que fue anulada parcialmente por el Tribunal Supremo que confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La ordenanza supone una simplificación de los procedimientos sujetos a intervención municipal que pasan de cinco a dos. Así, se requiere un declaración responsable, por un lado, y el procedimiento de licencia.
El texto ha contado con los votos a favor del PP y se han rechazado las enmiendas a la totalidad de la oposición. También se han aceptado 12 enmiendas del PP y se ha aceptado una modificación planteada por UPyD, y cuatro de IU, así como la incorporación de varias enmiendas transaccionales. Los grupos de la oposición han manifestado que mantendrán para el Pleno las enmiendas que han sido rechazadas.
Núñez ha comentado que este texto trata de facilitar al máximo la actividad económica y adecuar las normas a las condiciones actuales, quedando anulada la anterior ordenanza. En este sentido, el delegado ha manifestado que el texto atiende lo dispuesto por el fallo del TSJM y que el Ayuntamiento no renuncia a la colaboración público privada sino que la "materializa".
LA OPOSICIÓN HABLA DE INSEGURIDAD JURÍDICA
Por su parte, el edil de UPyD Jaime de Berenguer ha acusado al Ayuntamiento de saber que el sistema de ECLUs iba a dar problemas y que, tras la sentencia, el equipo de Gobierno demuestra que cuando "hace algo mal lo empeora". En este sentido, ha comentado que su formación no tiene nada en contra de la colaboración con la actividad privada pero sí contra la "economía para amigos" que practica, en su opinión, el Ayuntamiento.
Al respecto, el concejal de IU Ángel Lara ha asegurado que el Ayuntamiento debería retirar la ordenanza y que, sólo el hecho de que el PP haya presentado hasta 12 enmiendas, trasmite la sensación de "inseguridad" a la ciudadanía.
Por su parte, el edil socialista Diego Cruz ha afirmado que el modelo del Ayuntamiento ha quedado "muy cuestionado" tras la sentencia del TSJM y que ha quedado demostrado que es "ineficaz" y que, además, presenta un elevado coste para el Consistorio.
A su juicio, la nueva ordenanza es una "huida hacia adelante" por parte del equipo de Gobierno municipal y genera "inseguridad jurídica" a los ciudadanos tras el "varapalo jurídico" que ha recibido el Ayuntamiento con la anterior ordenanza.
