MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid que excarceló el viernes, a la espera de juicio, a dos detenidos por los hechos violentos al término de las Marchas de la Dignidad, no ha apreciado riesgo de fuga, pero tendrán que comparecer ante el magistrado cada semana.
En la resolución del viernes, en la que dejó en libertad a Miguel M.S., la Audiencia señala que en el atestado policial "no se identifica al agente que recibe las lesiones", unas lesiones en la cabeza por la que los hechos se calificaron provisionalmente como tentativa de homicidio.
La sala ha intentado examinar las distintas declaraciones prestadas por los funcionarios de la policía y ha visualizado todos los vídeos aportados por las partes y aquellos que se refieren a este incidente localizados en sitios de Internet con las especificaciones facilitadas por el recurrente.
No obstante, se han quejado de que la causa se ha remitido sin ningún tipo de indexación y que las partes "o no han designado particulares concretos (Fiscal) o lo han hecho sin referencia a folios que no corresponde con el de la causa digitalizada, dificultando en gran manera comprobar la exactitud de los argumentos expuestos en la vista y en los recursos de apelación y peticiones de libertad".
"A ello se añade que tampoco el documento permite localizar los nombres de los implicados y número profesionales, pese a que debería ser posible, de suerte que ha de bucearse entre cientos de folios con documentación intrascendente o con referencia a hechos e imputados que no guardan relación con el objeto del presente recurso", han añadido los magistrados de la Audiencia Provincial en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Por otro lado, consideran que no existe riesgo de fuga porque el acusado, español de origen, "tiene arraigo familiar y social y un domicilio conocido", ni tampoco riesgo de reiteración delictiva, "ya que no consta ningún tipo de antecedente penal".
Critican que la resolución de encarcelamiento del Juzgado número 10 de Madrid, ahora impugnada y que "carece de motivación", aluda al concepto de alarma social, "pues tan pronto surge como se atenúa al poco tiempo de los hechos y es patente que tal motivo fue excluido hace casi una década como posible justificación de la medida de prisión provisional".
Por tanto, la sala de la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación de la defensa de Miguel y puso en libertad al detenido, acordando la obligación de que comparezca los lunes de cada semana y cuantas veces sea citado por el tribunal.
Sobre el otro detenido, Ismael N.C., acusado durante la misma manifestación de golpear con piedras y una señal de tráfico a un agente en la cabeza, la sala considera que tampoco existe riesgo de fuga, ya que es español, tiene arraigo social y laboral y domicilio conocido. Tampoco aprecian riesgo de reiteración delictiva por su "falta de motivación".
Así, acuerdan estimar el recurso de su abogado y dejar en libertad a Israel, acordando su puesta en libertad el pasado viernes y su obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces sea citado por el tribunal.
CASI TRES MESES ENCARCELADOS
Tras las detenciones, el juez de guardia Francisco Javier Tejeiro relató en su acta que Miguel se encontraba, junto con otros individuos, en los alrededores de la Plaza de Colón y se observó cómo cogía varios adoquines de la calle, dándoselos a sus acompañantes. A continuación, los lanzaron contra los agentes uniformados.
Según el juez, "cuando estaba a la altura del Paseo de Recoletos, aprovechando que uno de los agentes se encontraba desprovisto del casco, le golpea con ella en la cabeza, ocasionando al funcionario un traumatismo craneoencefálico y lesión en la región parietooccipital".
De los apresados la noche del 22-M, dieciocho quedaron en libertad con cargos, y sólo Miguel ingresó en prisión provisional y sin fianza. Días después se inició un dispositivo, la 'Operación Puma', para detener a más responsables de los enfrentamientos.
Éste fue el caso de Ismael N.C., que ingresó en prisión el pasado 7 de abril acusado de un delito de desordenes públicos, otro de atentado a agentes de la autoridad agravado con utilización de medio peligroso y dos delitos o falta de lesiones. Habría lanzado piedras a la Policía y arrancado una señal de tráfico para arrojársela a los agentes.
