Delitos de Por prevaricación y/o malversación de caudales públicos
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre la gestión del Campus de la Justicia' a fin de que inicie una investigación penal sobre estos hechos ante la presunta comisión de delitos de
prevaricación y/o malversación de caudales públicos, han informado fuentes fiscales.
La denuncia presentada ayer por el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ángel Garrido, se trasladó a la Fiscalía General del Estado con el informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de esta empresa pública durante los ejercicios 2005-2015.
En el citado informe se ponen de manifiesto, según expone la Fiscalía, "diversas irregularidades, entre las que destacan las relativas a adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público".
También se expone el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales "sólo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado, así como diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal".
Para la Fiscalía General del Estado, estos hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.
La Fiscalía General del Estado ha remitido la denuncia a la Fiscalía Especial Anticorrupción, a fin de que inicie "una investigación penal sobre estos hechos".
INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS
Hace unas semanas, Garrido anunciaba que el Gobierno regional había elevado el 3 de abril a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para que valorara si es necesario tomar medidas. Entonces señaló que en el informe había "cifras y datos" que a todos generan "dudas en la forma de gestión".
Ayer mismo, el propio Garrido dio explicaciones en los pasillos de la Asamblea de Madrid acerca de que podían existir "ilícitos penales", dando traslado de los hechos a la Fiscalía.
Ahora, debe ser ésta la que decida si hay indicios de criminalidad y, en su caso, se lo remite al juzgado. Garrido manifestó que en ese momento desde el Gobierno regional se valorará personarse como acusación particular, como han hecho en el 'caso Púnica'.
"La posibilidad de que la Comunidad pudiera estar ahí para recuperar el presunto dinero dañado a las arcas publicas siempre estaría presente, una vez que la Fiscalía determine qué es lo que corresponde hacer", subrayó.
