Ayuntamiento afirma que los quioscos de Sol son legales y no tiene "constancia oficial" del expediente de Comunidad

Actualizado: miércoles, 17 marzo 2010 13:53

La edil usa argumentos del recurso del Gobierno regional contra la ordenanza de Publicidad Exterior para defender la legalidad

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su delegada de Obras y Espacios Públicos, Paz González, aseguró hoy que los quioscos de la Puerta del Sol y de la plaza del Callao de la capital son legales y afirmó no tener "constancia oficial" de que la Comunidad de Madrid haya abierto un expediente por su instalación.

Durante la comisión ordinaria del ramo, González afirmó que, "a día de hoy, no hay constancia oficial de una propuesta sancionadora en contra del Ayuntamiento, sí existiendo una resolución de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid del 17 de diciembre de 2009, notificada al día siguiente de la instalación de los quioscos y dos meses antes de que aflorara esta polémica, y que ya ha sido recurrida ante un tribunal contencioso-administrativo por presentar deficiencias formales y entender que no se ajusta a derecho".

Además, calificó esta polémica de "extraña" y de "guión cinematográfico" y subrayó que la instalación de los quioscos de la discordia se hizo "con el conocimiento y el visto bueno de la comisión conjunta", insistiendo en que la legislación vigente de Patrimonio Histórico y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital otorgan al Consistorio competencias "necesarias y bastantes" para tomar esta decisión.

"La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid establece que la protección urbanística de los conjuntos históricos se llevará a cabo con instrumentos de planeamiento como el PGOU y las normas municipales. Por tanto, lo que hay que defender son las normas que nos rigen. El Ayuntamiento tiene una normativa privilegiada aprobada por el Ejecutivo autonómico, que está convirtiendo este asunto en tema de cierta beligerancia cuando nosotros nos ajustamos a la normativa", apostilló la edil.

Así, hizo hincapié en que "el Ayuntamiento no sólo ha respetado escrupulosamente la Ley, sino también las atribuciones que la normativa concede a la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid (CIPHAM), como órgano con competencias para conocer los expedientes municipales comprendidos en los conjuntos históricos con planeamientos especiales de protección".

"No parece lógico ni sensato que una decisión municipal pacifica y tomada con normalidad en el legítimo ejercicio de las responsabilidades cotidianas, siempre dentro de la legalidad, pueda ser objeto de un reproche jurídico de la Comunidad con el alcance y las dimensiones tan extraordinarias que se ha querido dar al asunto", reprochó la delegada, justificando así que el Ayuntamiento haya acudido a la justicia administrativa "para que sea la que valore y determine al respecto".

ARGUMENTOS REGIONALES

A renglón seguido, la responsable municipal utilizó algunos de los argumentos empleados por la Comunidad de Madrid en el recurso judicial contra la ordenanza municipal de Publicidad Exterior para respaldar la legalidad de los quioscos y del procedimiento utilizado para su instalación.

Así, citó que "entre los reproches (del Ejecutivo autonómico) en el proceso judicial administrativo, declaraba el intervencionismo en la protección del Patrimonio Histórico por parte del Ayuntamiento". "Y una de las conclusiones de las distintas alegaciones que hizo (el Gobierno regional) fue decir que su Ley de Patrimonio Histórico limita (su responsabilidad) a la protección de los inmuebles BIC, mientras la ordenanza lo amplía a los bienes protegidos con nivel 1 por el PGOU", como son los edificios del ámbito de la Puerta del Sol, Callao y otros entornos.

"Como es difícil que las administraciones defendamos una cosa y la contraria simultáneamente, el Ayuntamiento defiende sus razones con los propios argumentos de la Comunidad de Madrid, y los tribunales dirán lo que tengan que decir, y nosotros acataremos su decisión", zanjó.

GUERRA AGUIRRE VS. GALLARDÓN

Sin embargo, para el portavoz socialista en la comisión, José Manuel Rodríguez, esta situación no es más que la prueba de un nuevo desencuentro entre la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde capitalino, Alberto Ruiz-Gallardón.

Así, destacó "una vez más la incapacidad del PP del Ayuntamiento y de la Comunidad para gobernar en favor de los ciudadanos" y criticó que lleven "enzarzados muchísimo tiempo en una cuestión como ésta". "Si con los mecanismos que tienen no son capaces de ponerse de acuerdo en algo como esto, difícilmente se pueden poner de acuerdo en cuestiones más importantes, y así está el estado de la ciudad", reprochó el concejal.

A continuación, subrayó que la apertura de un expediente por parte del Ejecutivo autonómico, que podría multar hasta con 600.000 euros al Consistorio por este asunto, plantea otra cuestión relevante, ya que "si el Ayuntamiento finalmente es desautorizado podría tener responsabilidad patrimonial sobre las personas con las concesiones de los quioscos, que ya han pagado por la instalación".

"¿Quién pagaría entonces este desaguisado? Ha habido muchos desaires en este proceso y todos los medios de comunicación han coincidido unánimemente en señalar que es una nueva guerra (entre el alcalde y la presidenta). Intenten trabajar en favor de los ciudadanos al menos en una cuestión como ésta, que es de fácil acuerdo", concluyó el socialista.

Finalmente, González espetó que "esto no es la guerra, sino un conflicto de competencias normal entre administraciones que los tribunales resolverán" e insistió en que "el Ayuntamiento considera que la colocación de los quioscos está dentro de sus atribuciones y que no se ha conculcado ninguna normativa".