MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
CSIT Unión Profesional celebró hoy que la Justicia esté a su favor al reconocer un fraude de Ley al contratar a trabajadoras a las que pagaba mediante subvenciones del Estado para realizar funciones propias del personal fijo, pero percibiendo un sueldo inferior al estar su remuneración por debajo de la establecida en el Convenio, informó hoy CSIT Unión Profesional.
El sindicato recalcó que la Comunidad sostenía que los contratos de las trabajadoras tenían una formación durante los nueve meses de duración del proyecto, pero se ha demostrado "la inexistencia de dicho proyecto, la no consecución del objetivo de reinserción laboral y la ausencia total de acciones formativas".
Asimismo, recordó que la Justicia ha fallado en varias ocasiones a favor de las demandantes, "ex trabajadoras de la Consejería que prestaron servicio en la Dirección General de Trabajo como Auxiliares Administrativos y con un contrato laboral temporal".
"Las sentencias afirman que no se trata de una extinción de contratos temporales sino de despidos improcedentes, ya que las actividades encomendadas a las trabajadoras son permanentes, no puntuales y han de continuar realizándose en la Consejería de Empleo y Mujer", señaló el sindicato.
CSIT Unión Profesional criticó que las funciones desarrolladas por las trabajadoras correspondían a las realizadas por Auxiliares Administrativos de la Comunidad de Madrid, personal sujeto a mejores retribuciones según Convenio.
Así, denunció que la Consejería ha estado contratando trabajadoras para realizar funciones propias del personal fijo pero percibiendo un sueldo inferior, ya que su remuneración estaba por debajo de la establecida en el Convenio. "Por estos y otros motivos, los tribunales han dictaminado que la Consejería de Empleo y Mujer, incurre en fraude de ley con dichas contrataciones", reseñó.
Por último, lamentó que en el caso de los socorristas del IMDER (Instituto Madrileño del Deporte), se siga optando por la indemnización a los trabajadores en vez de por la reinserción de éstos en su plantilla, sabiendo que las indemnizaciones suponen un mayor desembolso que viene a restarse del ya de por sí escaso erario público.
