No le consta que hubiera una relación estrecha entre Ignacio González y el exdirector de Seguridad
MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha declarado esta tarde ante la juez Carmen Valcarce que desconocía los seguimientos realizados en 2008 por funcionarios de la Comunidad de Madrid al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, han informado fuentes jurídicas.
Granados ha acudido solo a los juzgados y varias horas antes de su citación judicial para evitar ser captado por las cámaras. Lo ha hecho a petición de la exdiputada regional Carmen Rodríguez Flores, para testificar en el marco de la causa en la que se investiga desde hace dos años el llamado caso de espionaje por las citadas vigilancias.
Tras su declaración, la instructora deberá decidir si archiva el proceso judicial o incoa el procedimiento para que se juzgue por un jurado popular al tratarse de un delito de malversación de caudales.
En la comparecencia, que se ha prolongado durante algo más de media hora, el exconsejero habría asegurado que no sabía nada de los seguimientos y que los nombramientos del personal de seguridad, en alusión a los guardias civiles imputados, no los designaba él, sino que los elegía el director de este departamento.
A preguntas sobre si le constaba que en aquella época había una relación estrecha entre el entonces director del Área de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, y el ahora presidente de la Comunidad, Ignacio González --entonces vicepresidente del Gobierno regional--, ha respondido que no le consta esta circunstancia.
Además, según las mismas fuentes, Granados habría reconocido que cuando se denunció a los guardias civiles se reunió con ellos para ofrecerles asesoría jurídica, negando que le comentarán que les estaban obligando a realizar vigilancias. También ha negado que Miguel Castallo, exsubdirector de Seguridad, le reconociera en una reunión que él era el autor de los partes de seguimiento.
En la fase de declaraciones, los imputados José Manuel Pinto y José Oreja señalaron a Miguel Castaño, a las órdenes de Sergio Gamón, como una de las personas que estaban detrás de los seguimientos. Ambos imputados manifestaron a la juez que Castaño reconoció su autoría durante una reunión con Francisco Granados. Castaño siempre ha negado la existencia de dicha reunión.
Con motivo de estas declaraciones, uno de los abogados solicitó a la juez que se inhibiera a favor del Tribunal Supremo para que imputara a Granados por un delito de malversación de caudales públicos.
PROCESO JUDICIAL
La jueza instructora cerró la causa, pero la Audiencia de Madrid ordenó su reapertura hasta en dos ocasiones. Este procedimiento arrancó en mayo de 2009, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por el ex vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, el 29 de febrero de 2009.
El entonces 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el exconsejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.
