MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Podemos en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid, Miguel Ongil, ha asegurado que el juez del 'caso Lezo', Manuel García Castellón, no se ha pronunciado sobre si el Gobierno regional pude entregar a la comisión las actas del Canal de Isabel II, sino sobre si él como magistrado puede facilitarlas en un proceso aún bajo secreto de sumario.
"En el auto dice que él no las va a dar, no que el Gobierno no las pueda dar", ha resaltado Ongil en declaraciones a Europa Press, tras el auto de Castellón en el que dicta que la Comunidad de Madrid no puede entregar estas actas como solicitaba la oposición, dando así la razón al Gobierno de Cristina Cifuentes, que había pedido permiso al magistrado para hacer entrega de las mismas y que había explicado que no las daría hasta que la justicia se pronunciara al respecto.
El portavoz de la formación morada ha proseguido explicando que el juez "no puede negar información que no le hemos pedido". "Nosotros solicitamos al Gobierno que nos entregara las actas, no al juez", ha reiterado Ongil, quien ha apostillado que, en cualquier caso, las actas "deberían ser públicas" y que son "previas a la apertura de la causa y, por tanto, al secreto de sumario".
En este sentido, el dirigente de Podemos ha defendido que la funcion de un juez instructor "no es hacer de mediador entre poder legislativo y ejecutivo".
Por otra parte, Ongil ha sostenido que este auto les parece "compatilbe y complementario" con la providencia emitida por el juez Fernando Andreu el pasado mes de agosto, en el que autorizaba la entrega de documentación después de que el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al juzgado planteando la misma cuestión.
En dicha providencia, fechada el 18 de agosto de 2017, el magistrado que se encontraba en ese momento de forma temporal en el juzgado, indicó que "la petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación".
