El ex alcalde Teresa Villacieros estuvo implicado en el escándalo protagonizado en junio de 2003 por los diputados Tamayo y Sáez
MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El teniente de alcalde de Sevilla La Nueva, Juan Antonio Teresa Villacieros, negó hoy en la Audiencia Provincial de Madrid que ordenada al jefe de la Policía Local el 10 de septiembre de 2002 que detuviera a la concejal del PSOE en el Ayuntamiento Concepción Rojas Rubio por fotocopiar un informe urbanístico al que supuestamente no estaba autorizado a acceder.
Teresa Villacieros, entonces alcalde del municipio, y el jefe policíal Manuel Reguilón se enfrentan a una petición fiscal de tres años de prisión por un delito de detención ilegal. El juicio por estos hechos comenzó hoy a celebrarse con la declaración de los procesados y los principales testigos. Mañana concluirá la vista oral con los informes de acusación de las partes personadas.
En su comparecencia, la edil socialista relató que alrededor de las 13.30 de ese día acudió al registro del Ayuntamiento para obtener una documentación que necesitaba para un Pleno convocado para dos días después. Cuando empezó a fotocopiar los papeles, observó que había un documento relativo al desarrollo y ejecución de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sevilla La Nueva, es decir, un plan urbanístico, procediendo a copiarlo.
"La documentación estaba en exposición pública para la presentación de alegaciones por los grupos. Era una información a la que tenía acceso legal como concejal. Ni era secreta ni prohibida", insistió Rojas Rubio, quien explicó que su grupo, a través de la entonces portavoz Pilar Barroso, había solicitado en dos ocasiones estos papeles. Según contó, una funcionaria se percató de lo que estaba fotocopiando, avisando a Teresa, entonces alcalde del municipio.
En su declaración, Teresa especificó que se trataba de unos documentos no autorizados al que la concejal no tenía acceso. "Se trató de hablar con ella de manera dialogada, pero no hubo forma", apuntó el acusado, quien explicó que emplazó al jefe de la Policía local a acompañar a su secretario para tratar de conseguir los documentos. Además, indicó que su insistencia para comprobar lo fotocopiado se produjo porque hace unos años se vio envuelto en un escándalo al encontrarse importantes documentos del Ayuntamiento tirados en un contenedor. Este asunto dio lugar a un cruce de acusaciones entre los diferentes grupos municipales.
ÓRDENES DE DETENCIÓN
Según Rojas, el alcalde solicitó al jefe de la policía local que le solicitase la documentación después de su intento fallido de quitársela, ordenando que se desalojara el Ayuntamiento. "La sensación era de que nos querían impedir acceder a los documentos para que no pudiéramos presentar alegaciones al plan urbanístico", recalcó la concejal, al tiempo que subrayó que precisamente "ese documento fue declarado ilegal por la Comunidad de Madrid".
Rojas se negó a entregar los documentos, reuniéndose con el alcalde para discutir el asunto. Al término de la charla, la edil trató de abandonar el edificio, siendo sujetada por el agente por orden del alcalde. "No nos dejaban salir del Ayuntamiento, custodiándonos varios guardias civiles y policías", apuntó. Así, decidió llamar a su abogado, quien rápidamente se presentó en el Consistorio, solicitando a la Guardia Civil un 'Habeas Corpus' al entender que la retención era ilegal. "La Guardia Civil se lo tomó como una tontería", apuntó Rojas.
La concejal fue retenida hasta las 16.00 horas, mientras que el alcalde formulaba una denuncia contra ella por fotocopiar una documentación no autorizada. Poco después, dos guardias civiles se personaron en el lugar para averiguar lo sucedido. Entonces, detuvieron a la edil por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Tras tomarle declaración, se le puso en libertad a las 16.55 horas.
Además de los tres años de prisión, el fiscal pidió para los acusados su inhabilitación absoluta durante diez años. Además, Teresa se enfrenta a que se le imposibilite ejercer cualquier cargo electivo por cuatro años. Si se les condena, deberán indemnizar con 6.000 euros a la edil por los daños sufridos.
EXPULSADO DEL PP
El teniente de alcalde fue miembro del PP hasta diciembre de 2001 al expulsarle el partido por promover, junto a un edil tránsfuga del PSOE, una moción de censura contra el entonces alcalde Ernesto Téllez, su actual socio en el Gobierno local. El PP echó a los concejales que participaron en la moción por quebrantar el pacto contra el transfugismo acordado con los socialistas.
Los ediles expulsados y el tránsfuga y una edil de CDS formaron el GPI con Teresa a la cabeza, gobernando dos años en la localidad. En 2003, la candidata del PSOE Pilar Barroso les arrebató la Alcaldía. Dos años más tarde, Teresa Villacieros y Téllez se unieron para derrocar a Barroso.
Teresa estuvo implicado con el escándalo protagonizado en junio de 2003 por los diputados regionales socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, quienes propiciaron que el entonces líder del PSOE, Rafael Simancas, se quedará sin la Presidencia del Gobierno regional. Según el PSOE, el 10 de junio de 2003, el acusado se reunió con el secretario general del PP en Madrid en aquella época, Ricardo Romero Tejada y el constructor Francisco Bravo, al que se relacionó con Tamayo.
En su día, Teresa acusó a Romero de Tejada de utilizarles como "falsa coartada" para justificar la presencia del constructor en su despacho oficial de la sede del PP, sólo siete horas después de la fuga de los ediles socialistas a los que había ayudado el constructor.
