MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las "trabas administrativas" --concretamente la falta de la declaración de impacto ambiental de la subestación de Vicálvaro por parte de la Comunidad-- retrasan el soterramiento de un tendido de alta tensión en San Blas y provocan el cambio de sitio de una escuela infantil o el poder acabar una promoción de viviendas en la zona, criticó hoy el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, en la comisión ordinaria de Urbanismo.
Allí IU expuso que "muy pocas casas tienen la posibilidad de tender la ropa y secarla casi al momento", algo que sí que parece viable en el entorno de la calle Rávena, donde una promoción de chalets tienen los cables casi como si fueran compañeros de piso.
Pérez criticó tanto el cambio de ubicación de la escuela infantil como el hecho de que "alguna vivienda" no haya podido ser concluida "porque los cables pasarían por la ventana". "Eso sí que es energía a domicilio pero de la que enciende el pelo", ironizó.
Por su parte, la coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón, expuso que, en contra de lo que pedía IU, no instará a Iberdrola a que agilice sus compromisos adquiridos ya que el proceso para la desmantelación de la subestación eléctrica de Vicálvaro está pendiente de un proceso autonómico, la declaración de impacto ambiental.
Hace seis años, Ayuntamiento, Comunidad e Iberdrola firmaron un convenio para desmontar la subestación. En todo ese tiempo, el Consistorio se ha visto obligado a modificar los usos previstos para una escuela infantil y trasladarla a otra parcela porque la compañía eléctrica "no ha empezado a desmontar y enterrar los cables", reprochó el edil.
APELACIÓN AL "SENTIDO COMÚN"
El plazo del convenio concluirá en 2011 pero lo que lo que reclama IU es "un poco de sentido común" para que los trabajos se lleven a cabo cuanto antes. "Iberdrola, que no ha movido ni un cable ni un ladrillo, le echa una cara que no es corriente, a pesar de ser una empresa eléctrica", recriminó Pérez.
Por su parte, Beatriz Lobón insistió en que hasta que la Comunidad de Madrid no aporte la declaración de impacto ambiental el Ayuntamiento no puede conceder la preceptiva licencia. Una vez que se consiga ésta, se acometerán las obras de la nueva canalización por un periodo de seis meses para, después, pasar a desmontar la línea de alta tensión.
En este sentido, Lobón recordó que en el convenio Iberdrola se comprometía a desmantelar 125 kilómetros de líneas de alta tensión y 16 subestaciones. De los primeros ya están ejecutados o en vías de hacerlo unos 84. De los 44 pendientes, 25 de ellos se encuentran en ámbitos privados, que no dependen de Iberdrola, y que estarán sujetos a las obras de urbanización.
En cuanto a las subestaciones, una docena de ellas ya tiene licencia y cuatro están en trámites para conseguirla. Expuso asimismo que confía en que los compromisos por parte de Iberdrola se terminen a tiempo, en 2011, aunque recordó que el convenio prevé una prórroga de dos años.
"Si ustedes me dicen que el retraso no obedece a que Iberdrola no cumple con sus obligaciones sino que es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, y habida cuenta de sus fluidas relaciones, mi preocupación es aún mayor, así que subiré al despacho a llorar amargamente", concluyó Ángel Pérez.
