MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El registro del Tribunal Supremo recibió hoy una querella presentada contra el juez de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por presunta prevaricación y por un delito contra las garantías de la intimidad. Fue presentada por el abogado Ignacio Peláez, defensor de un imputado en la denominada trama 'Gürtel', en relación con las escuchas que Garzón ordenó de los principales acusados --Francisco Correa y Pablo Crespo-- durante su estancia en la cárcel, y de las que el mismo Peláez fue objeto, a pesar de ser "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".
Una vez la querella sea remitida a la Sala de lo Penal se dará traslado de la misma a la Fiscalía para que informe a favor o en contra de su admisión.
En la querella, el letrado de José Luis Ulibarri explica que, en el ejercicio de su legítima labor de abogado y con el objetivo de preparar su estrategia de defensa, se reunió varias veces en presencia de sus abogados con Correa y Crespo en la prisión de Soto del Real, "sin imaginar nunca que esas comunicaciones estaban siendo escuchadas y grabadas por orden del juez".
Mediante un auto fechado el 19 de febrero de este año, Garzón ordenó a la Policía intervenir las comunicaciones que estos dos imputados mantuvieran "con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos".
Esas conversaciones, cuyas transcripciones se incorporan a la querella, fueron después incorporadas al procedimiento y utilizadas por el juez Garzón "para la investigación e instrucción, sin respetar los más mínimos requisitos legales y constitucionales".
Según Peláez, el conjunto de las comunicaciones intervenidas entre internos y abogados "han proporcionado al juzgado de Instrucción, a la Fiscalía y a la Policía información relevante sobre las estrategias de defensa de los abogados". De hecho, subraya que Garzón recibió el informe policial sobre las escuchas "el mismo día que iba a declarar Ulibarri", por lo que pudo conocer con anterioridad "cuál era la estrategia de defensa".
En opinión del letrado, es "sumamente grave" que Garzón conociera "de forma absolutamente ilícita cuál iba a ser el contenido de su declaración, cuáles iban a ser sus respuestas y cuál iba a ser su estrategia de defensa".
"NO SE PUEDE OBTENER LA VERDAD A CUALQUIER PRECIO"
En la querella, recuerda que el Tribunal Supremo ya ha defendido en anteriores ocasiones que "no se puede obtener la verdad real a cualquier precio" ni "todo es lícito" en su descubrimiento.
El letrado argumenta que los hechos descritos suponen, además de un delito de prevaricación, una lesión al derecho del secreto profesional y una vulneración del derecho a la defensa. Recuerda que las intervenciones de comunicaciones entre letrados e internos sólo está contemplada en casos de terrorismo.
"El juez instructor era plenamente conocedor de que estaba vulnerando el derecho constitucional del secreto de las comunicaciones y, no obstante, acordó la interceptación de las mismas", denuncia el abogado, para quien Garzón aprovechó la "impunidad" que le daba el hecho de que el procedimiento estuviera bajo secreto.
Además, subraya que el magistrado ordenó estas intervenciones mediante un auto, a pesar de que el Fiscal le advirtió "por dos veces que 'las transcripciones se refieren a estrategias de defensa'" que debían desglosarse de la causa.
El abogado de Ulibarri solicita al Supremo que interrogue a Garzón y a varios testigos, entre ellos Pablo Crespo y Francisco Correa, presuntos cabecillas de la trama, así como a los funcionarios de Policía que realizaron la intervención de las comunicaciones.
