A partir de ahora podrán ayudar a Protección Civil en incendios forestales o limpieza de carreteras
MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, anunció hoy que cerca de 60.000 personas que fueron condenadas por delitos menos graves han cumplido sus penas en trabajos para la comunidad en 2008, y alabó el "potencial reeducador" de la medida.
Gallizo hizo estas declaraciones antes de firmar un convenio, en La Granja (Segovia), con el presidente de la Asociación Nacional de Voluntarios de Protección Civil (ANAV), Javier Velasco. En virtud de este acuerdo, los condenados podrán realizar tareas auxiliares junto a voluntarios de este organismo y, en concreto, participarán en el mantenimiento de montes para evitar incendios forestales, en la limpieza de carreteras en época de nevadas o en la asistencia en los eventos que concentren una gran afluencia de público.
Muchos de los penados cumplirán así su pena en alguna de las 500 agrupaciones que forman parte de la ANV, mientras que otros seguirán programas de formación, sensibilización y educación en materia de seguridad vial. Esta pena alternativa a la privación de libertad se impone, en numerosas ocasiones, a personas acusadas de cometer "infracciones leves o menos graves" contra la seguridad del tráfico.
Los condenados recibirán además charlas psicosociales para evitar que vuelvan a cometer infracciones. En virtud de este tipo de pena, los acusados realizarán una jornada de trabajo, no retribuida, de ocho horas diarias de duración. Para ello, los servicios sociales penitenciarios se entrevistarán antes con el penado para conocer sus condiciones personales, su capacidad laboral y su entorno social, personal y familiar y determinarán la actividad más adecuada que debe realizar.
La Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil asumirá las funciones de gestión de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia de los penados. Por su parte, Instituciones Penitenciarias se encargará de la gestión, coordinación y seguimiento de la pena mediante contactos con los responsables del trabajo y visitas periódicas a las sedes de los mismos, según ha indicado el Ministerio del Interior en un comunicado.
