MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía del Estado ultima un informe dirigido a defender la jurisdicción española frente a la justicia belga en relación con la demanda civil presentada en dicho país por el expresident Carles Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que se trata de defender al poder judicial español y no tanto a un funcionario concreto y que el estudio de la Abogacía trata de adelantarse a todos los escenarios que puedan darse, entre los que se incluye la posibilidad de acudir al Tribunal de JUsticia de la UE (TJUE).
La intervención del Gobierno sería consecuencia del amparo concedido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al instructor de la causa del 'procés' soberanista en el Tribunal Supremo. Concretamente, se solicitó la actuación de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, a través de la Abogacía del Estado, "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".
Unos días después, Justicia informó formalmente de que cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse necesariamente a través de la contratación de un abogado en ese país y que este paso todavía no estába decidido.
LLARENA, CITADO EL 4 DE SEPTIEMBRE
Llarena pidió al Consejo del Poder Judicial que le amparase en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por Puigdemont y cuatro de sus exconsellers, que le acusaron civilmente ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia. La demanda fue admitida y un juez ha citado al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre.
El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional", consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena --Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica-- y las costas que se deriven de una eventual condena civil.
La demanda ha sido presentada el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y los exconsellers del Govern catalán Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
En ella afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.
