La detención se enmarca en la investigación paralela que se sigue contra varios empresarios, entre ellos los hermanos Barral
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional detuvo esta mañana al hijo y a la mujer del antiguo jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, por un presunto delito de blanqueo de capitales que habrían cometido para ocultar el patrimonio del supuesto cerebro de la trama de corrupción policial descubierta el pasado 8 de mayo y que se saldó con 13 agentes locales en prisión.
El abogado de Ginés y de su familia, Óskar Zein, explicó a los periodistas congregados a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que madre e hijo fueron detenidos a primera hora de la mañana en su vivienda de la urbanización de Los Barrales, construida por los hermanos Barral. Estos conocidos empresarios de Coslada están siendo investigados por el Grupo VII de la Brigada de Policía Judicial por supuesto blanqueo de capitales a través de las diversas empresas de las que son propietarios.
Zein recalcó que los agentes del Grupo VII de la Brigada Provincial de Policía Judicial, especializado en delitos de cuello blanco, no registraron la vivienda, pero trasladaron a los dos detenidos, tras comunicarles su detención, a dependencias policiales. "Están tranquilos pero sorprendidos por que hayan ido a detenerles hoy a su casa, porque no se lo esperaban", manifestó.
Una vez en Jefatura, los agentes les comunicaron los cargos, pero aún no les han tomado declaración. En cambio, les transmitieron que serán citados por el Juzgado correspondiente que se fije, posiblemente el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, cuto titular instruye el 'caso Bloque'.
LOS BARRAL
Las detenciones se enmarcan en la investigación paralela que se sigue en el juzgado contra varios empresarios por blanqueo de capitales. Entre ellos figuran los hermanos Barral, pertenecientes a una de las familias más adineradas de la localidad y que contaban con la amistad de Ginés Jiménez.
Estos hermanos gestionaron el plan de actuación del barrio del Puerto que supuso la recalificación de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio. Según las fuentes consultadas, los empresarios supuestamente vendían los pisos a un precio muy superior al que exige la calificación de protección oficial, pero escrituraban la cantidad establecida por la normativa de la Comunidad de Madrid. De este modo, se quedaban con buena parte de dinero sin declarar.
