AV.-ANV.- La no condena de atentados de ETA y los actos del partido tras los comicios 2007, claves para su ilegalización

Actualizado: lunes, 22 septiembre 2008 23:16

El Supremo no encuentra que la estrategia de ANV sobre el TAV o su coincidencia con PCTV en la sede de Usúrbil sean relevantes

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La negativa a condenar los atentados de ETA por parte de los miembros electos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y la colaboración con miembros de la ilegalizada Batasuna durante y tras las elecciones locales de 2007 han sido las claves destacadas por la Sala del 61 del Tribunal Supremo para declarar la ilegalización de esta formación política, según la sentencia dada a conocer por el alto tribunal poco antes de las nueve de esta noche.

Según el alto tribunal, "es el comportamiento de ANV y Batasuna durante la campaña electoral realizada por ANV en las elecciones convocadas" (en marzo de 2007) y la propia reacción de ambas organizaciones tras conocer el resultado de los comicios "lo que acredita, sin ningún género de duda, que existía un acuerdo entre ANV y Batasuna para que aquel partido restase en las instituciones el apoyo a ETA que antes llevaba a cabo Batasuna", y que fue el principal motivo de su ilegalización en 2003.

El Supremo recuerda que antes de los comicios fueron anuladas 133 listas electorales de ANV en diversos municipios del de 245 que presentó la organización, y resta importancia a determinadas pruebas presentadas como claves por los demandantes -la Fiscalía y la Abogacía del Estado-, tales como la postura de partido contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco y la coincidencia física de las oficinas de ambas formaciones en un edificio del polígono donostiarra de Usúrbil.

Pese a estas precisiones, la Sala del 61 encuentra pruebas suficientes para concluir que "ANV es un partido político que ha acabado colaborando reiterada y gravemente con Batasuna, complementando y apoyando políticamente, en consecuencia, a la organización terrorista ETA", por lo que incurre en causa de ilegalización prevista en la Ley de Partidos Políticos (LPP).

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