MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "romper" el consenso que existe entre los partidos constitucionalistas respecto a la política penitenciaria tras el acercamiento de la cárcel de Asturias a la de Basauri (Vizcaya) de los exmiembros de ETA Olga Sanz y Javier Moreno.
"La política penitenciaria no puede ser una ocurrencia del Gobierno, sino que tiene que ser algo que se acuerde dentro de algo que ayudó a derrotar a ETA, ese acuerdo entre todos los partidos constitucionalistas", ha señalado Gutiérrez en una rueda de prensa.
El dirigente 'naranja' considera que el traslado de los dos exmiembros de ETA Olga Sanz y Javier Moreno de la cárcel de Asturias a la de Basauri tras haber mostrado su arrepentimiento, responde a un beneficio penitenciario que, a su juicio, "no puede darse".
Respecto a este acercamiento de reclusos etarras, Gutiérrez ha señalado que es "el pago de la hipoteca" de Sánchez a PNV y Bildu, tras darles estos partidos su apoyo en la moción de censura que supuso el cambio de Gobierno.
CONDENA LOS "AQUELARRES" EN NAVARRA A GUARDIAS CIVILES
Por otra parte, el secretario general del grupo 'naranja' en el Congreso, ha definido como "indignante" que exista un "aquelarre" a la Guardia Civil y sus familias en el municipio navarro de Etxarri Aranatz. Este pueblo navarro celebra este viernes una jornada contra los poderes del Estado y de apoyo a los presos de la banda terrorista ETA.
Desde Ciudadanos instan a Sánchez a dar explicaciones sobre este tipo de actos y ven "una barbaridad" que el Gobierno no impida este tipo de "aquelarres totalitarios". "La Guardia Civil merece el máximo respeto, puesto que están trabajando para garantizar la seguridad a los españoles y no se merecen que el Gobierno gire la vista cuando se producen estos actos", han destacado.
En este sentido, Gutiérrez ha recalcado que Ciudadanos apoya a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "defender sus derechos" y "para que sus familias no tengan que sufrir ese odio que todavía sufren en algunos sitios de España".
