La ley de consultas prevé que puedan votar los extracomunitarios con tres años de permiso de residencia
BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ley de consultas no refrendarias en la que trabaja el Parlament establecerá que el decreto de convocatoria de las consultas deberá firmarse entre 30 y 60 días antes de su celebración por lo que, en caso de la del 9 de noviembre, el presidente de la Generalitat deberá firmar el decreto entre septiembre y principios de octubre.
Así lo ha acordado la ponencia que redacta la norma, que este viernes celebra su última reunión antes de elevar el texto de la ley a la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para que ésta la prepare para elevarla al pleno de la Cámara en septiembre.
La previsión de los grupos es poder aprobar la ley de consultas justo cuando empiece el período de sesiones en la última semana de septiembre, por lo que en el caso de la consulta del 9 de noviembre, quedaría un plazo de unas dos semanas desde la aprobación de la ley --hasta el 9 de octubre-- para convocarla oficialmente.
Aunque el redactado surgido este viernes de la ponencia todavía está abierto a cambios antes de su aprobación definitiva, hay acuerdo entre los grupos para fijar estos plazos, por lo que en principio este aspecto no será modificado.
También se ha fijado un plazo máximo de 90 días para que publicar el decreto de convocatoria en aquellas consultas que sean promovidas por agentes distintos al Govern, ya sea el Parlament, los ayuntamientos o a través de la recogida de firmas.
NO PREGUNTARÁ SOBRE FISCALIDAD
Otro de los aspectos que se han definido en el texto de la ponencia es que podrán votar en las consultas los extranjeros comunitarios que lleven un año en Catalunya, así como los no comunitarios con más de tres años con permiso de residencia, una diferencia temporal que no gusta a ICV-EUiA.
La ponencia establece también que las consultas no podrán preguntar sobre fiscalidad ni sobre presupuestos de la Generalitat ya aprobados, aunque si se podrá consultar sobre partidas que se quieran incorporar o quitar en futuros presupuestos.
DISCREPANCIAS SOBRE EL 9-N
Tras la aprobación por parte de la Comisión de Asuntos Institucionales, CiU, ERC e ICV-EUiA prevén llevar la norma al Consell de Garanties Estatutàries para que juzgue su constitucionalidad, una medida con la que quieren mostrar que la norma está "blindada" y se adecúa completamente al Estatut.
Tanto Josep Rull (CiU), como Gemma Calvet (ERC) y Dolors Camats (ICV-EUiA) se han mostrado convencidos de la constitucionalidad de la norma, una ley con la que los grupos pro consulta pretenden poder convocar el referéndum de autodeterminación.
Por su parte, PSC y PP no descartan llevar también la norma al órgano consultivo de la Generalitat para que la analice, y sus portavoces en la ponencia, Ferran Pedret y Santi Rodríguez, han remarcado al finalizar los trabajos que esta norma no puede servir para convocar la consulta del 9 de noviembre.
