MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El colectivo 'La Libertad es su derecho', un colectivo ciudadano que denuncia la retención ilegal de unas 50 mujeres adultas en los campamentos saharauis en Tinduf (Argelia), ha recibido este martes el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores a la búsqueda de soluciones a una situación calificada de "muy compleja" por parte del departamento que dirige Josep Borrell.
Representantes de este colectivo han mantenido este martes una reunión con responsables del Ministerio encabezados por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela, para abordar la situación de Maloma Morales de Matos, nacionalizada española al ser adoptada por este matrimonio de Mairena del Aljarafe (Sevilla), y de Koria Badbad Hafed, que se encontraba bajo la tutela legal de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
Durante el encuentro, Valenzuela ha escuchado las demandas de estas familias de acogida que reclaman la liberación de estas jóvenes españolas "privadas arbitrariamente de libertad" y ha admitido que se trata de una situación "muy compleja" y que la búsqueda de soluciones entraña muchas dificultades.
En cualquier caso, el secretario de Estado de Exteriores se ha comprometido a mantener una "comunicación fluida y directa" con este colectivo, para lo cual se establecerá un mecanismo específico, y ha destacado la necesidad de continuar la búsqueda de soluciones "por la vía política, abriendo horizontes", según han informado a Europa Press la portavoz del colectivo, Elisa Pavón, los padres adoptivos de Maloma y la madre de acogida de Koria.
El responsable de Exteriores también ha mencionado durante la reunión la necesidad de continuar luchas en las que, como en ésta, se promueva el respeto a los Derechos de la Mujer. En este sentido, el colectivo ha avanzado que se pondrá en contacto con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al entender que detrás de la retención contra su voluntad de estas mujeres en Tinduf hay un trasfondo de violencia de género.
Por su parte, los padres adoptivos de la joven sevillana Maloma, Pepe Morales y Mari Carmen de Matos, han expresado a Valenzuela su preocupación porque el Gobierno de España aún no haya registrado oficialmente a la hija de Maloma, nacida durante el cautiverio de su madre. Asimismo, han reiterado que la solución sólo puede venir de la mano de una declaración libre de Maloma en España y con su hija en brazos.
En el caso de la otra joven española, Bienvenida Campillo y José Vicente Mañogil, sus padres de acogida, han incidido en que existe "un reconocimiento implícito del derecho a protección internacional de Koria", que no tiene nacionalidad española pero estaba bajo tutela de la Consellería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana.
La portavoz del colectivo, Elisa Pavón, ha trasladado a Valenzuela la situación de la denuncia presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del curso de la petición aprobada en el Parlamento Europeo, que será ampliada en los próximos días para aportar nuevas pruebas de la complicidad del Frente Polisario en estas violaciones de Derechos Humanos.
También le ha expuesto la urgencia de que se traslade la responsabilidad de la salvaguarda de los Derechos Humanos al Gobierno de Argelia, país anfitrión de los campamentos.
Finalmente, el colectivo le ha expuesto la necesidad de que España adopte medidas urgentes para la liberación de las jovenes españolas que denuncian se encuentran secuestradas, habida cuenta de que, desde 2015, ya son siete ciudadanos españoles (cinco mujeres y dos hombres) víctimas de esta práctica violenta que supone una violación flagrante de sus DDHH.
En base a ello, han apelado a la expulsión de la delegada del Frente Polisario para España, Jira Bulahi, como ya hiciera en su día Felipe González, en 1984, cuando expulsó al entonces responsable Ahmed Bukhari.
