Niega que haya "hacinamiento" en las cárceles y dice que los presos viven en condiciones "dignísimas" y de "bajísima" conflictividad
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, avisó hoy de la "tendencia al alza" de la población reclusa en España, que se está "acelerando considerablemente". Así, explicó que en los nueve primeros meses de 2008 la población ha crecido un 7,82 por ciento (4.514 personas más), lo que supone un "incremento superior al registrado en todo 2007", al tiempo que recalcó que el número de presos aumentó un 60 por ciento en los últimos ocho años, pasando de 39.013 a 62.239.
Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, explicó que el sistema penitenciario está haciendo frente a uno de los "mayores retos" del período democrático, como consecuencia del aumento de población reclusa debido a las "sucesivas reformas penales y a la aprobación de nuevas leyes en relación con la violencia de género y la seguridad vial". En cualquier caso, resaltó la "gran solvencia" de Instituciones Penitenciarias y aseguró que el sistema funciona "adecuadamente".
Para Gallizo, los incrementos de población reclusa pueden provocar que el "esfuerzo" de la Administración no sea "suficiente para absorber el impacto de las modificaciones legislativas desarrolladas hasta ahora". "Si la tendencia al crecimiento no varía, tendremos que pensar en incorporar una nueva ampliación del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios 2005-2012, para incrementar, tanto las celdas para régimen ordinario, como las de régimen abierto", recalcó.
Este Plan ya está en marcha y ha motivado la construcción de cuatro centros penitenciarios, a los que seguirán, en esta legislatura, otros once nuevos centros tipo, así como la segunda ampliación del Centro de Lanzarote (Canarias). Los nuevos centros se ubicarán en Archinoda (Málaga), Mahón (Menorca), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Puerto del Rosario (Fuerteventura), Soria, Ceuta, Campos del Río (Murcia), Pamplona (Navarra), Comunidad Valenciana, Iruña de Oca (Álava) y Zubieta (Guipúzcoa).
En total, se pondrán en funcionamiento a lo largo de la legislatura, según Gallizo, un "mínimo de 8.966 celdas, preparadas para su uso doble si es preciso", 7.436 funcionales y 1.530 complementarias. En esta legislatura se concluirá también el programa de construcción de nuevos Centros de Inserción Social (26), cuatro Unidades de Madres y se proseguirá el programa de acondicionamiento de nuevas Unidades de Custodia Hospitalaria.
Actualmente el sistema penitenciario español gestionado por la Administración General del Estado (sólo Cataluña queda fuera) cuenta con 70 centros penitenciarios, 15 Centros de Inserción Social, diez establecimientos para internos en régimen abierto y 46 Unidades de Custodia Hospitalaria. Entre todos ellos suman 46.040 celdas.
Aparte de la construcción de nuevas infraestructuras, defendió trabajar en la mejora de las instalaciones existentes, introducir medidas de mejora de tratamiento y gestión penitenciaria, y potenciar el medio abierto y medidas alternativas.
INCREMENTO DE PERSONAL
Asimismo, señaló que la creación progresiva de nuevas infraestructuras irá acompañada del incremento de las plantillas de personal, y aseguró que los 23.434 efectivos actuales se verán "aumentados con la incorporación de importantes contingentes de nuevos funcionarios en los próximos años". Abogó por lograr profesionales "cada vez más cualificados", de manera que todo el personal básico sea capaz de "afrontar conflictos y ser educadores".
Siguiendo con esta línea, la secretaria general afirmó que el sistema penitenciario español está valorado por otros países "quizás como el mejor del mundo", debido a que se invierte en recursos "como en ningún otro país", algo que provoca que sus representantes queden "impresionados" al visitar las instalaciones españolas.
A pesar del incremento de reclusos, negó que haya "hacinamiento" en las cárceles españolas, y agregó que ella, que sí ha visto esta situación en otros países, puede afirmar que "no tiene nada que ver", porque los reclusos viven aquí en unas "condiciones dignísimas". Además, agregó que los niveles de conflictividad son "bajísimos en relación al número de internos", aunque reconoció que "no se trata de nivel cero".
"El sistema trabaja por integrar a los internos actividades, y eso nos diferencia mucho de nuestro entorno, ya que pasan muchas horas tratando de socializarse y no 20 horas en una celda. Salvo los de especial control, el sistema hace que están en la celda poco más que para dormir o descansar. Y no tiro la toalla respecto al objetivo de que lograr que haya únicamente un preso por celda", planteó.
Resaltó que el Gobierno hace un "esfuerzo" por dotarse de nuevas infraestructuras, pero reconoció que el "ritmo de creación de centros es una carrera imposible respecto al incremento del número de reclusos", por lo que "nunca se llegará a proyectar el número suficiente para hacer frente a la situación".
Por otro lado, para en parte sofocar esta situación, planteó que el recurso a la prisión debe ser la "última y no la única forma de penalizar las conductas que se desvían de la norma" y afirmó que el cumplimiento de penas en comunidad "se revela como muy eficaz para los pequeños delitos con bajo riesgo de reincidencia".
PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
A este respecto, destacó que en los últimos años se ha producido un "espectacular incremento" de las personas condenadas a penas y medidas alternativas (de 812 en el año 2.000 a 39.335 en la actualidad", debido a los cambios legales que ahora consideran delitos lo que antes veían como faltas. Con esta situación, señaló, el 43,5 por ciento de la población penada española lo está a "medidas alternativas".
En este punto, reflexionó sobre la "razonabilidad" del incremento al recurso a la prisión, en particular en el caso de las "penas de corta duración y para las personas que han cometido un único delito". Recordó que el crecimiento de la población reclusa es un coste para el Estado, y resaltó el impacto que la privación de libertad ejerce sobre personas que han cometido un "único y primer delito".
Según Gallizo, la tecnología permite disponer de instrumentos de restricción de la libertad "sin necesidad del internamiento". De la misma manera, dijo, el desarrollo de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad como sistema de cumplimiento de la sanción impuesta, así como de "reparación del daño causado, es la línea en la que están trabajando los sistemas penitenciarios europeos y que es particularmente educativa". Así, pidió colaboración a ayuntamientos y CCAA para que oferten las plazas para el cumplimiento de estas penas.
Sobre el medio abierto, explicó que en la última legislatura se firmaron 69 nuevos convenios para ofertar estas plazas, de los que 34 son para recursos en materia de trabajo en beneficio de la comunidad, y 24 para intervención en materia de violencia de género. Añadió que a lo largo de 2008 se están gestionando 30 nuevos convenios, "muchos de ellos orientados a dar respuesta al problema de la ejecución de penas de seguridad vial".
Otras medidas para mejorar el sistema hablan de ampliar los programas de discapacitados, impulsar la Estrategia Global de Actuación en Salud Mental y los programas de tratamiento, reforzar el programa de la agresión sexual, extender la experiencia de los módulos de respeto, aumentar los programas de intervención en régimen cerrado, impulsar el programa de jóvenes y fomentar la formación para el empleo.
En seguridad, apostó por implantar el sistema de identificación automatizado (SIA), crear base de datos de incidencias penitenciarias, dar manuales para controlar la radicalización yihadista e incrementar conducciones aéreas de presos.
